La empresaria investigada por la trama de falsas intoxicaciones en hoteles baleares asegura que su empresa sólo recopila datos de turistas

La empresaria inglesa investigada por la presunta trama de las falsas intoxicaciones alimentarias ha afirmado este martes ante el juez que su empresa sólo se dedicaba a recopilar datos personales de turistas británicos, que después vendían a empresas de marketing de Reino Unido.

La mujer dirigió una discoteca entre 2014 y 2016, que cerró por pérdidas en agosto de 2016. Después creó una empresa de organización de eventos y no comenzó con la empresa de recopilación de datos hasta finales de 2016. Según su versión, ejerció esta actividad unos ocho meses, hasta la primavera de 2017, porque "no se sacaba tanto dinero" y tiene menores a su cargo.

La investigada ha mantenido que esta empresa recogía datos de turistas como nombres y números de teléfono, pero se ha desvinculado de la supuesta trama de estafa insistiendo en que no recababan información relacionada con intoxicaciones alimentarias ni reclamaciones.

En esta línea, ha señalado que sus empleados no preguntaban nada a los turistas sobre problemas alimenticios y que les "da igual si reclaman o no", porque sólo les pagan por dar los datos. También ha negado que recibieran ningún porcentaje por las reclamaciones.

Con todo, la empresaria ha indicado que una de las empresas con las que trabajaba es un bufete de abogados que pagaba 5.000 libras por cada 1.000 números de teléfono y nombres.

También ha admitido que una empresa de reclamaciones por vacaciones quería los datos de los turistas y que trabajó unos meses con ella. Sin embargo, a la investigada no le gustó la "forma de trabajar" de dicha sociedad y por eso no continuaron.

A preguntas de su defensa, la mujer ha dicho que "nunca" ha visto formularios de "enfermedades" que supuestamente se entregarían a los turistas para que después se gestionaran las reclamaciones desde Reino Unido. La empresaria también ha manifestado que se siente "injustamente tratada".

Respecto a las pruebas halladas en los registros de la Guardia Civil, la investigada ha argumentado que la casa no es suya, que el dinero de la caja fuerte es de toda la familia y "todo el dinero está justificado". La mujer, una empresaria de Magaluf, ha comparecido en el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, donde se ha negado a contestar a las preguntas de las acusaciones.

Tras finalizar la comparecencia, el abogado de la empresaria ha recalcado que en las denuncias se sitúa el comienzo de la trama sobre 2013 o 2014 y que la mujer en esa época "regentaba una discoteca y no tenía nada que ver con esto".

Después de esta declaración estaba previsto que comparecieran otros cinco investigados, 'tiqueteros' que presuntamente intervenían en la captación de clientes, pero sus declaraciones se han aplazado por un problema en las citaciones.