La falta de presupuesto puede poner en riesgo el control de los maltratadores realizado a través de las pulseras telemáticas. Ninguna empresa quiere asumir la renovación de este servicio porque aseguran que se han quedado obsoletas.
Precisamente, el pasado mes de enero un condenado por violencia de género se atrincheró en la casa de su víctima en Requena y tras varias horas de negociación, agentes de la Guardia Civil consiguieron reducirle haciéndose pasar por sanitarios. El hombre se había quitado la pulsera, consiguiendo así llegar hasta su víctima.
Son casos extremos, pero que se pueden dar en la realidad. Sin embargo, lo habitual es que este sistema de control falle porque están obsoletas.
El PSOE y UGT reclaman medidas al Gobierno
El PSOE y UGT han urgido al Gobierno a que modifique el pliego de condiciones del contrato del servicio que controla las pulseras telemáticas de los maltratadores con órdenes de alejamiento, que ha quedado desierto porque ninguna empresa se ha presentado ante la escasez de presupuesto para gestionarlo.
Así lo ha explicado el responsable del ámbito de Seguridad a nivel estatal de UGT, Diego Giráldez, quien ha acusado al PP de su "falta de sensibilidad con la violencia de género" al haber destinado al Centro de Control 'Cometa', encargado de implantar estos brazaletes, casi el mismo presupuesto que hace diez años.
Ello ha hecho que el pasado mes de noviembre quedara desierto el concurso para licitar la gestión de este centro, que continúa desarrollando de manera prorrogada Securitas Direct, debido a que "ninguna empresa optó por la escasez de presupuesto para hacerlo con garantías".
Según informó en su momento el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Consejo de Ministros aprobó en septiembre la autorización para contratar el servicio integral de prestación del 'Servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos (pulseras)', con una dotación de 27,45 millones. Una cantidad insuficiente porque los brazaletes, que aún operan en tecnología 2G y 3G, "están obsoletos" y hay que renovarlos: según trabajadores de la empresa, "fallan en el 50% de las ocasiones", de forma que "saltan cuando no tienen que saltar, y no saltan cuando tienen que hacerlo", con los riesgos evidentes que ello conlleva.
A ello se une que el servicio que se ofrece a las víctimas de la violencia machista es "cercano al de un call center", donde a la veintena de empleadas del centro se les imponen "objetivos de tiempo y resultados", han denunciado fuentes del Comité de Empresa.
Esos tiempos se establecen además "con independencia de la situación que tengan que atender", de forma que pueden aparecer casos en los que "una víctima llama histérica porque el maltratador esta frente a su casa y, por tanto, ha quebrado la orden de alejamiento, pero la operadora tiene pocos minutos para hablar con la mujer e intentar calmarla".
Pese a que "todo funciona gracias a la profesionalidad de las trabajadoras", que hacen su labor en "condiciones precarias", lo cierto es que "estas mujeres no tienen ninguna cualificación, solo es la supervisora la que debe estar formada en violencia de género", explican las mismas fuentes.
Ante todo ello, UGT exige al Ejecutivo que modifique los pliegos de condiciones del contrato para que "se cambie la categoría laboral de estas trabajadoras" y que no se exijan tiempos determinados. Y también que las personas que auditan los resultados de estas empleadas para la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que se limitan a parámetros meramente estadísticos, "tengan la sensibilidad y la formación precisas" y no atiendan exclusivamente a criterios de atención al cliente.
