La excaldesa de Maracena declara como investigada por su posible participación en el secuestro de una concejal

Berta Linares, exalcaldesa de Maracena, está llamada a declarar el miércoles ante el juez en calidad de investigada por la presunta participación en el secuestro de la concejal Vanessa Romero. También han llamado a declarar a Antonio García, quien era Concejal de Urbanismo en el momento de los hechos. Ambos comparecerán ante el juez a las 10:15h y las 10:40h respectivamente.

El juez decidió investigarlos a ambos el pasado 26 de junio, por la presunta participación en el secuestro y por "la práctica de aquellas otras diligencias que deriven y se estimen precisas", ya que se sospecha que pudiera haber detrás una posible trama de corrupción.

La exalcaldesa se encuentra en el punto de mira porque además de estar al frente del Ayuntamiento en el momento en el que se llevó a cabo el secuestro, también era la pareja sentimental del detenido y acusado como autor principal y material del delito.

Los hechos

Al parecer, en la mañana del 21 de febrero, Pedro.G.R, el detenido como presunto autor del secuestro, ató de pies y manos a la víctima con bridas y la metió en el maletero de su coche. Sin embargo, la concejala logró escapar poco después y se dirigió a la Guardia Civil a denunciar los hechos.

Tras los hechos, el autor hizo alusión a que los motivos que le habían llevado a realizar el secuestro estaban relacionados con supuestas irregularidades municipales en el plan de urbanismo. En ese momento, Berta Linares, además de romper su relación con el acusado, mandó investigar todos los informes de la concejalía de urbanismo desde 2007.

Poco después, Linares dimitió de su cargo de la localidad debido -según afirmó- "a la presión social y mediática a la que fue sometida".

La trama urbanística

Vanessa Romero declaró el pasado viernes en la Institución 5 de Granada, ante el Juzgado, en calidad de testigo por la presunta trama de corrupción urbanística. Prestó declaración acerca de dos de los informes que se encuentran bajo la investigación: el primero sería sobre la concesión de una licencia para unos talleres y la otra, sobre una presunta asignación mensual a coordinadores que forman parte del grupo municipal. También hay otro tema: la construcción de una gasolinera, que podría ser el centro del caso y sobre la que no ha declarado todavía.

El protocolo de recepción de menores no acompañados de Canarias enfrenta al gobierno regional y nacional