DANA
La exconsejera Salomé Pradas pide no ser "cabeza de turco" y archivar la causa penal de la DANA
La defensa de la expolítica lamenta que se atribuya a su clienta la máxima autoridad en la emergencia, "obviándose que existía codirección con la delegada del Gobierno".
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La defensa de la exconsejera de Justicia de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas ha pedido que se archive la causa penal de la DANA y ha calificado de "absolutamente inadmisible que se seleccione como cabeza de turco" a su representada con la pretensión de poder atribuirle la responsabilidad penal de las más de 200 muertes.
Así consta en un recurso de apelación presentado a la jueza de Catarroja que instruye la causa contra el auto por el que fue imputada, junto al exnúmero dos de la Consejería, Emilio Argüeso, en la causa que investiga las muertes y lesiones por la catástrofe natural del 29 de octubre. "Nadie ha atentado contra la vida de los fallecidos y la causa fundamental de esas muertes fue la magnitud de una catástrofe natural que por sus características y velocidad de su curso constituyó un fenómeno de imposible previsión o en su defecto, de evitación, por lo que lo procedente es el archivo", reza el recurso.
Otras tragedias
La defensa de la exconsejera sostiene que en nuestro país ocurren de vez en cuando tragedias de la naturaleza que dan lugar a una gran cantidad de víctimas en muy poco margen de tiempo, como la riada de Valencia de 1957 o la pandemia de covid-19, en las que no se responsabilizó penalmente a ninguna autoridad. En referencia a la del pasado día 29 de octubre, indica que el origen principal de lo sucedido "no fueron tanto las lluvias, sino la inexistencia de las obras de encauzamiento de los ríos que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo, obras no ejecutadas por decisiones de Administraciones anteriores".
En este sentido, cita la presa de Cheste en 2005 y las obras del encauzamiento del barranco del Poyo que se iban a hacer en 2011 y tampoco se hicieron. "Eso sí que hubiera evitado las muertes que desgraciadamente se produjeron", asegura la defensa, que añade que "no es admisible centrar la cuestión en el retraso del envío del mensaje de alerta a la población, porque en los hechos intervinieron por acción u omisión innumerables organismos de las distintas Administraciones".
En este sentido, manifiesta que "no es verdad que existiera un mando único", sino un Cecopi, y que faltaban protocolos.
Concluye la defensa de la exconsejera que hay que poner fin a este procedimiento "lo antes posible y dirigir el tiro al ámbito donde procede: el contencioso-administrativo", a la vez que lamenta que se atribuya a Salomé Pradas la "máxima autoridad" en la emergencia, "obviándose que existía codirección con la delegada del Gobierno".
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