La familia de acogida del niño que fue entregado a su madre biológica en Sueca, Valencia, recurrirá ante el Constitucional

La familia acogedora del niño de 4 años que el pasado 12 de septiembre fue entregado a su madre biológica presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra el fallo del Tribunal Supremo, ante la, a su juicio, "falta de implicación" de este órgano para "proteger el interés de menor".

Un auto del Tribunal Supremo considera "modélica y ejemplar" la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias en la que determinó que Juan Francisco, el niño de Sueca (Valencia), fuese entregado a su madre biológica por su familiar de acogida.

El abogado de la familia, Enrique Vila, asegura en un comunicado que han tomado la decisión de recurrir ante la "falta de implicación del Tribunal Supremo en proteger el interés del menor, ya que se inadmitió el recurso de casación, sin entrar a valorar el fondo del asunto".

Afirma que la demanda de amparo constitucional "se plantea no como un ataque a la madre biológica, sino como una crítica contundente a la actitud del Tribunal Supremo, que se ha lavado las manos en un asunto en el que está en juego los derechos del niño".

Además, señala que el recurso de Amparo busca que el Tribunal Constitucional "revise el actual sistema de protección de menores", que los recurrentes califican de "nefasto" y aseguran que ha causado "dolor y perjudicado a todas las partes implicadas".

Vila explica que ante el Constitucional insistirán en que los magistrados del Supremo "han colocado a todas las partes en indefensión, incluyendo a la madre biológica y al menor", y en que el propio fiscal de la Sala del Supremo "emitió un contundente informe jurídico en el que exigía que el recurso se hubiera admitido".

El abogado de la familia valenciana insiste en que el Tribunal Supremo no ha entrado "en el fondo de una cuestión relativa al derecho de los menores".

A su juicio, esta cuestión es de "gran trascendencia social y está afectando a miles de familias en toda España, afectadas por el mal funcionamiento de una Ley de Protección de la Infancia ineficaz, y de unos Servicios Sociales que en la mayoría de casos solo producen daño a todas las partes".