La Fiscalía de Criminalidad Informática ha pedido a la Policía un informe sobre las circunstancias que rodearon a quitarse la vida a una trabajadora de Iveco después de que sus compañeros compartieran varios vídeos sexuales, unos hechos que podrían acarrear a los autores penas de hasta un año de cárcel.
De hecho, la Policía ya está investigando la autoría, difusión y reenvío de estas grabaciones, que llevaron a Verónica a quitarse la vida el pasado sábado, al tiempo que la Agencia Española de Protección de Datos también ha abierto de oficio una actuación ante "la posible difusión sin consentimiento" de las imágenes.
La víctima, que tenía dos hijos, trabajaba en la planta que la empresa de camiones (con unos 2.500 empleados) tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Allí, 150 empleados se han concentrado esta mañana en repulsa por la muerte de la mujer durante más de 10 minutos, una convocatoria que ha finalizado con un aplauso para ella. "No hay derecho", ha dicho a los medios con indignación una de sus compañeras justo antes de fichar.
Otro grupo de la plantilla, casi todos hombres, ha remitido a Efe un comunicado para explicar que la mayoría de trabajadores "mostraron su disconformidad en relación a lo que estaba sucediendo", por lo que han exigido que no se generalice una conducta con la que han mostrado su "absoluta desaprobación" y que se busque a los responsables. El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.
Fuentes cercanas al caso han informado a Efe de que se trata de un total de cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya propagación empezó desde "dentro de la propia empresa". Según explicó CGT Iveco ayer, cuando se conoció la noticia, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación; este departamento le aconsejó denunciar los hechos pero ella rehusó hacerlo. La ausencia de denuncia es lo que ha motivado que el Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares, sobre el que ha recaído el caso, se limite a investigar tan solo lo referente al suicidio. Quien sí denunciara a Iveco, en este caso ante Inspección de Trabajo, es CCOO al considerar que no activó el protocolo de acoso sexual en el caso de Verónica cuando, en su opinión, se trata de un accidente laboral.
El sindicato ha revelado que la empresa respondió que se trataba "de un asunto personal y no de ámbito laboral", por lo que no tomó medidas, con lo que, a juicio de CCOO, incumplió sus obligaciones de protección de la salud de la trabajadora que establecen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Igualdad. Y es que los Protocolos de Prevención del Acoso Sexual en el trabajo deben ser conocidos por todos los empleados y han de contemplar tanto medidas para evitarlo como de intervención en el caso de que se produzca, sin olvidar que deben proteger la confidencialidad de la víctima, ha dicho a Efe Encarna Abascal, Secretaria Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF.
Para este sindicato, es necesario crear la figura del Delegado Sindical en materia de Igualdad, similar al de Prevención de Riesgos Laborales, que tienen que estar preparados en estos temas tan específicos. Desde el Gobierno, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha instado a "matizar el concepto de suicidio". "El entorno ha tenido parte de responsabilidad, no digo que sea consciente", pero el cuerpo de la mujer "no es una máscara, no es un lugar de entretenimiento y curiosidad malsana", ha zanjado.
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