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PARA FINALIZAR LOS TRATAMIENTOS APLAZADOS
Funnydent planea reabrir sus clínicas sin Cristóbal López como responsable
Las clínicas dentales Funnydent pretenden reabrir sus puertas el 15 de junio para finalizar los tratamientos de los pacientes afectados por su cierre sorpresivo. La empresa mantiene que el expresidente investigado por el cierre, Cristóbal López, se mantendrá ajeno a la gestión en esta nueva etapa.
La cadena de clínicas dentales Funnydent pretende reabrir el 15 de junio para finalizar los tratamientos de los pacientes afectados por su cierre sorpresivo, según ha indicado la empresa, que recalca que el expresidente e investigado por el cierre, Cristóbal López, se mantendrá ajeno a su gestión. El pasado 12 de abril, el Juzgado de Instrucción 4 de Navalcarnero nombró dos nuevos administradores únicos de las clínicas dentales tras el cese del antiguo responsable, investigado por presuntamente estafar 8,8 millones de euros a más de 2.400 pacientes.
El juez nombró a los dos nuevos administradores para que gestionen las clínicas dentales tanto en la Comunidad de Madrid como en Cataluña, al declarar la intervención judicial de las sociedades mercantiles que conforman Funnydent. Funnydent ha explicado en un comunicado que sigue inmersa en una intervención judicial e intenta llegar a acuerdos con la Seguridad Social, la banca, los proveedores, los dueños de los locales y los inversores dispuestos a comprar las clínicas para intentar dar una solución a los afectados.
La empresa mantiene que Cristóbal López ya no será ni presidente, ni gerente, ni podrá dirigir la compañía, en esa nueva etapa. La empresa negocia con la jueza para que autorice la reapertura y poder ponerse en contacto con los afectados a través de un interventor judicial. El objetivo es poder tratar a los afectados por el cierre para que así terminen sus tratamientos, o bien proporcionarles su historial por si quieren realizarlos en otros centros odontológicos. Para poder llevar a cabo dichas acciones, Funnydent ha anunciado que quiere contratar entre 100 y 150 trabajadores, en las áreas de clínica y de administración, que debe autorizar la jueza que instruye el caso.
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