El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha garantizado hoy en el Congreso el fin resocializador del nuevo Código Penal, mientras que la oposición lo ha tachado de "cruel" y "populista" y ha lamentado que la prisión permanente revisable que prevé sea realmente una cadena perpetua.
Alberto Ruiz-Gallardón ha defendido hoy la reforma del Código Penal en el Pleno del Congreso de los Diputados que ha debatido las enmiendas a la totalidad del proyecto presentadas por PSOE, Izquierda Plural, CiU, PNV, ERC y BNG, que han cuestionado la constitucionalidad de aspectos del proyecto como la prisión permanente revisable que contiene el texto apoyado por el PP.
El ministro ha aclarado que la prisión permanente revisable no es una cadena perpetua como mantienen las enmiendas y además está reservada solo para casos excepcionales como homicidios terroristas y de jefes de Estado, genocidios y asesinatos especialmente graves de menores de 16 años y personas especialmente vulnerables.
Ha recordado que se trata de una medida equivalente a la que ya aplican países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Austria, Suiza y Dinamarca, que está prevista en la Corte Penal Internacional y que en España su constitucionalidad ha sido avalada por los consejos de Estado, del Poder Judicial y Fiscal.
Ruiz-Gallardón ha destacado que el nuevo Código garantizará que no se vuelvan a producir excarcelaciones de presos con delitos graves -como los terroristas- como las producidas tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot, aunque ha aclarado que no es un proyecto oportunista sino fruto de un trabajo largamente meditado y anterior a esta resolución.
El ministro ha defendido que la reforma respeta el mandato constitucional del objetivo resocializador del Código, pero con un sistema que tiene en cuenta si la reinserción es real atendiendo a cada caso, pero buscando siempre alternativas a la prisión.
Ha mantenido que el nuevo Código es más severo con los autores de los delitos de mayor gravedad y con los reincidentes mientras que refuerza los instrumentos para quien quiere reinsertarse con una flexibilización de la ejecución de las penas para delitos menores.
El diputado del PSOE Julio Villarrubia ha estimado que no existe necesidad de reformar el Código Penal y que el Gobierno recurre a este proyecto como instrumento político con un propósito "ideológico y populista". Para Villarrubia, la reforma refleja que "el Gobierno es fuerte con los débiles y débil con los fuertes" y le ha dicho al ministro que va en la dirección contraria al resto de la Cámara con este proyecto y ha comentado que, de aprobarse, "esta indecencia durará lo que dure el Ejecutivo del PP".
Por la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares se ha referido a esta reforma con una cita de Calígula: "La forma de igualarse a los dioses es ser tan cruel como ellos". Para Llamazares, "es una reforma inspirada en la venganza, que junto con la Ley de Seguridad Ciudadana, decreta el estado de excepción en las calles" con "políticas antisociales" y un "Código Penal represivo y autoritario" que "carece de voluntad humanista y pretende dar miedo".
La diputada de CiU Montserrat Surroca ha estimado que es "una reforma oportunista para obtener rédito electoral" y que prevé "un sistema represivo retrógrado" con un "espíritu de endurecimiento extremo con matices ideológicos".
Para el representante del PNV, Emilio Olabarría, la reforma es fruto de una "estrategia paranoica" del PP de hacer creer la existencia de una situación de inseguridad que no es real, al estar percibiendo que está perdiendo votos por la derecha. Por ERC, Joan Tardà ha criticado que "es una reforma acuñada desde el populismo con agravamientos constantes de penas" y "cautiva del sensacionalismo de algunos medios de comunicación" y ha concluido diciendo: "Va a convertir su España en una inmensa cárcel para los pobres".
La diputada de BNG María Olaia Fernández-Dávila ha indicado que la reforma "hace resurgir el espíritu de Torquemada" y "supone una de las modificaciones más represivas de las últimas tres décadas". También han mostrado su discrepancia con el proyecto diputados de otros partidos como Compromís, Coalición Canaria, Amaiur y UPyD.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha explicado que España necesita una reforma urgente del Código Penal, pero no la que ha aprobado el Gobierno y, a su juicio, de salir adelante quedarían impunes "casos de corrupción política" como el de Gürtel y los papeles de Bárcenas. El proyecto queda ahora pendiente de la tramitación en el Congreso de las enmiendas al articulado.
