Gao Ping y Nacho Vidal se sentarán en el banquillo por la 'Operación Emperador'

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propone juzgar a un total de 105 personas en la causa por la denominada Operación Emperador, la macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo según el instructor una “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. Entre los encausados está el actor porno Nacho Vidal.

En el auto considera que los hechos constituyen delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública y continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos.

Pone fin a la instrucción de este procedimiento y da un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o bien, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables.

Los acusados que se sentarán en el banquillo

El juez dirige el procedimiento no sólo contra el supuesto cabecilla, Gao Ping, también contra otros miembros de la cúpula de la organización, de la Guardia Civil, de la Policía como el inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel Gómez Gordo, empleados de banca, empresarios o joyeros expertos en diamantes que colaboraban en el lavado de activos. También propone juzgar a Ignacio García Jordá, conocido como Nacho Vidal por sus papeles en películas pornográficas.

El juez ha encontrado "indicios racionales para considerar que los encausados forman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional, encabezada por Ping GAO, compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros, y confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas".

Explica que llega a esta conclusión tras las diligencias que han incluido registros, intervenciones telefónicas, declaraciones de los investigados, así como del análisis de documentación, dispositivos de almacenamiento masivo de información obrantes a la causa y de los informes periciales practicados. Muchas de esas pruebas han aparecido en polígonos de Cobo Calleja de Fuenlabrada para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos.