Los cuatro imputados por el supuesto robo de un bebé al nacer en la clínica Dexeus de Barcelona, entre ellos el padre adoptivo y la ginecóloga que asistió el parto, han afirmado ante el juez que la niña fue dada en adopción de forma legal, con el consentimiento de su madre. Según fuentes judiciales, ante el juzgado de instrucción número 22 de Barcelona han declarado cuatro de los imputados por el supuesto robó del bebé: el padre adoptivo, Jordi E., la ginecóloga de Victoria L., el abogado Ignasi de Gispert -hermano de la presidenta del Parlament y que medió en los trámites de adopción- y Mercedes P., que en 1997 dirigía el centro Casa de la Jove, donde la madre biológica pasó la última fase de la gestación.
La causa se abrió a raíz de la querella presentada por la madre biológica, Alfonsa R., quien asegura que tras dar a luz en 1987 en la clínica Dexeus de Barcelona la ginecóloga que la atendió le dijo que su bebé había nacido muerto, pero años después ha podido comprobar, gracias a pruebas de ADN, que su hija fue dada en adopción. Los imputados han negado cualquier irregularidad en la adopción de la niña, Marina E., y han sostenido que fue su propia madre biológica, que en la época tenía quince años y estaba tutelada por el Tribunal de Menores, la que consintió que un matrimonio se hiciera cargo de su hija, ya desde meses antes del parto. Concretamente, Jordi E. ha defendido hoy que la adopción se tramitó de forma legal y que él y la madre adoptiva, Cristina R. -de la que está separado-, se hicieron cargo de los gastos de la clínica Dexeus y de los abogados que gestionaron el caso, sin que le constara nunca que la madre biológica no había dado su consentimiento.
En la misma línea ha declarado Ignasi de Gispert, que ha afirmado que en ningún caso intervino como profesional en la adopción de Marina E. y que, en todo caso, su esposa pudo colaborar de forma "altruista" con el matrimonio adoptivo facilitando los contactos para que pudieran llevar los trámites a cabo. De Gispert, han añadido las mismas fuentes, ha negado que su hermana Núria -que en 1987 ya era secretaria general de Justicia- interviniera para facilitar la tramitación de la adopción investigada, según las mismas fuentes.
Por su parte, la ginecóloga de la Clínica Dexeus de Barcelona Victoria L., a quien la querellante señala como la persona que le informó de que su bebé había nacido muerto, ha negado con rotundidad las acusaciones de la madre biológica, que considera "absurdas", ya que ello habría obligado a poner de acuerdo a 40 o 50 trabajadores del centro sanitario para mentir. La ginecóloga ha justificado que en el expediente de nacimiento de la menor constara "adopción, no informar" en que así lo establecían los protocolos del hospital para evitar que el personal sanitario formulara preguntas incómodas a las madres que quisieran dar a sus hijos en adopción.
Según la versión de la ginecóloga, los protocolos hospitalarios de la época explican también que en el expediente de la recién nacida se incluyera la expresión "padres desconocidos", con el fin de proteger la identidad de la madre biológica. La última en declarar ha sido la responsable de la Casa de la Jove, que ha defendido que Alfonsa R. consintió en dar a su hija en adopción y que la propia madre de la querellante, que era menor, firmó una autorización que así lo explicitaba. La imputada se ha escudado en un informe que la Casa de la Jove remitió al Tribunal Tutelar de Menores, en el que exponía que Alfonsa R., junto a la madre de ésta y Teresa C. -la esposa de De Gispert que medió en el proceso- acudieron a la institución con el propósito de dar en adopción a Marina E..
En la causa instruida por el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, que fue archivada pero reabierta por orden de la Audiencia de Barcelona, se ha personado como acusación particular la asociación SOS Bebés Robados. Precisamente, a las puertas de la Ciutat de la Justicia se han vivido algunos momentos de tensión cuando Marina E. se ha encarado con un grupo de personas que se manifestaban para exigir investigaciones sobre casos de niños supuestamente robados, a los que ha reprochado que se erigiesen en sus representantes.
