Islas Baleares
El Gobierno balear excluye a 2.500 celadores por no tener un título oficial de catalán
Los 2.500 celadores han presentado una demanda colectiva contra el Gobierno de las Islas Baleares por excluirles al no tener un título oficial de catalán.
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El gobierno de las Islas Baleares va a excluir a 2.500 trabajadores cuando se acaben sus contratos temporales por no tener un título oficial de conocimiento de la lengua catalana. En lugar de ser un mérito es un requisito que ellos consideran, de carácter político y que puede hacer peligrar su trabajo. Entienden que es una bofetada a su profesionalidad.
Es por este motivo que estos trabajadores presentaron a finales de enero una demanda colectiva contra el Gobierno de Baleares. En su reclamación piden que se suspenda de forma cautelar la norma ya que aproximadamente la mitad podría perder la plaza.
Es el caso de Juan Antonio que lleva dos años trabajando como celador en Mallorca, es gaditano y no tiene el título que certifique que sabe catalán. "Están jugando con la salud y con un montón de puestos de trabajo", denuncia.
Bernardino, que lleva 22 años trabajando, critica que valga más un idioma que la experiencia profesional. En la denuncia los celadores reclaman que el catalán no puede ser excluyente.
Esta demanda si incluye desde el pasado mes de julio ya que hasta ahora el tener un título de catalán estaba considerado como mérito y no como exigencia. En concreto, el nivel que deben acreditar es el A2 (el nivel básico), pero también denuncian que en otras categorías no se ha producido esta exigencia.
Aprobado en 2018
La necesidad de tener un nivel de catalán acreditado fue aprobada por el Gobierno de las islas en el año 2018 con la entrada en el Gobierno de Francina Armengol. En ese momento, la norma no impedía obtener una plaza por oposición, pero sí optar a traslados o cobrar pluses.
Ya entonces generó polémica y también se introdujo una excepción que daba un plazo de dos años para acreditar el título del idioma, pero después sobrevino la pandemia de coronavirus y ahora el plazo se ha terminado.
El Gobierno se acoge a la ley de 2016, que especifica que si hay falta de personal este requisito no será necesario, pero si hay exceso como ocurre con los celadores, tener el certificado será obligatorio.
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