Habla la familia de Belén, la educadora social asesinada en Badajoz: "Este dolor no puede ser en vano"

La familia de Belén Cortes, la educadora social asesinada en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales en Badajoz, ha hecho un llamamiento público para evitar "juicios paralelos y especulaciones" que puedan dificultar la labor de la Justicia.

En un comunicado, su portavoz, el abogado Raúl Montaño, ha subrayado la importancia de dejar actuar a los profesionales, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las instituciones competentes para esclarecer los hechos "con la serenidad y el rigor que este caso merece".

"Hay que dejar que los profesionales, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las instituciones competentes hagan su trabajo con la serenidad y el rigor que este caso merece, pues solo a través de la verdad y el debido proceso se logrará justicia", señala el comunicado.

El asesinato de Belén ha conmocionado a la ciudad de Badajoz y al colectivo de trabajadores sociales, que han exigido mejoras en sus condiciones laborales para garantizar su seguridad. La familia, sumida en un "dolor inconmensurable", ha expresado su compromiso de luchar para que su pérdida "no sea una más en las estadísticas" y para que su historia sirva como una advertencia a la sociedad.

"No se puede permitir que el dolor de su familia y allegados sea en vano, por lo que se debe transformar la indignación en acción, el luto en conciencia y la tragedia en prevención", destaca el comunicado.

La denuncia previa del padre de uno de los menores

Nuevos detalles han salido a la luz tras la investigación del caso. La familia de uno de los menores implicados, un adolescente de 14 años, había solicitado días antes del crimen la separación de su hijo del otro joven detenido, de 15 años, debido a "preocupaciones por su integridad física". Según consta en un correo electrónico al que ha tenido acceso EFE, el padre alertó a la empresa gestora del piso tutelado sobre la situación de riesgo en la que se encontraba su hijo.

En su denuncia ante la Guardia Civil, el progenitor aseguró que el otro menor y su madre había "inducido y manipulado" a su hijo para consumir drogas y cometer delitos. "Llegando su madre a facilitar medios económicos para su adquisición o instigar a cometer delitos con el fin de obtenerlos, habiendo consumido las mismas junto a ellos", expuso en el escrito.

Denuncias previas y peticiones de mejoras en los centros tutelados

La conmoción por el asesinato ha llevado a educadores sociales de toda España a alzar la voz sobre las condiciones en las que desarrollan su trabajo. En Zaragoza, un centenar de trabajadores del sector se han concentrado frente a la subdirección de Protección a la Infancia y Tutela para exigir mayores recursos y medidas de seguridad en los centros de cumplimiento de medidas judiciales para menores.

El Consejo General del Trabajo Social y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz han manifestado su "consternación y preocupación" por lo ocurrido y han recordado que "parece ser que sí existían denuncias previas, no habiendo sido estas suficientes para tomar medidas protectoras". Han alertado de que en estos centros se atiende a jóvenes con "necesidades complejas" que requieren de una atención especializada, pero que muchas veces los profesionales carecen de herramientas para afrontar situaciones de riesgo.

"Este suceso evidencia, una vez más, las precarias condiciones" en las que los profesionales de la intervención social desempeñan su labor, han denunciado en un comunicado. Han criticado que "la falta de recursos, la sobrecarga de trabajo y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas" expongan a estos trabajadores a "situaciones de alto riesgo que no pueden ni deben ser ignoradas".

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