La hija de una mujer de 93 años agredida en una residencia: "Pegar a una anciana impedida sale barato"

La trabajadora de una residencia de mayores de Arganda del Rey, en Madrid, ha sido condenada por abofetear a una mujer de 93 años. El juez da por probado un delito de lesiones leves. Pero la sentencia ha indignado a las hijas de la víctima: todo se ha saldado con una multa para la empleada de 1350 euros y una indemnización de 210 euros. "La sentencia es vergonzosa. Sale muy barato maltratar a una persona anciana e impedida", asegura Sara Moreno, una de sus hijas.

"La trabajadora le pegó con mano de hierro"

Todo sucedió de madrugada el pasado 8 de diciembre. La mujer, de 93 años y con movilidad reducida, pidió ayuda a la auxiliar para que le aplicara una crema por la rozadura del pañal. Según la sentencia, la trabajadora "se molestó y le propinó dos bofetadas en la cara que causaron a María lesiones por las que tardó en curar siete días".

La víctima sufrió heridas en la cara. De hecho, al día siguiente, las auxiliares de la residencia sacaron fotos de esos moratones, que se han aportado como prueba en el juicio. "Mi madre contó lo que había sucedido y ellas mismas denuncian los hechos en la propia residencia".

El problema es que, según la familia, el centro no les avisó de nada. "Nos la encontramos así dos días después, cuando una de mis hermanas fue a visitarla", afirma Sara.

Decidieron denunciar el caso en los tribunales. "Mi madre recuerda la fuerza con la que le pegó, con manos de hierro", explica Sara. Los médicos forenses confirmaron esas lesiones y a partir de ahí empezó el proceso judicial, "muy doloroso para todos".

"Mi madre tiene memoria y puede contarlo"

Esta familiar lamenta que el juez no haya tenido en cuenta que "son personas dependientes. Una persona no puede maltratar a un anciano que solamente depende de ellos en en ese momento". "Mi madre tiene memoria y lo puede contar, pero la mayoría no la tiene y no puede explicar lo que les pasa en un momento dado", añade Sara.

La empleada de la residencia ha sido, de momento, apartada del centro. La Consejería de Política Social de la Comunidad de Madrid la suspendió cautelarmente de empleo hasta la decisión judicial. Cuando finalice el proceso -porque cabe posibilidad de recurso- se decidirá sobre el futuro laboral de la empleada. Mientras tanto, la madre de Sara sigue viviendo en la residencia, "pero tiene miedo". Solo esperan que no vuelva a trabajar con personas mayores a su cargo.

Los 'contratiempos' que han hecho caer en picado a los narcos del cielo