Violencia de género

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ACTO EN EL SENADO

Los hijos de víctimas de violencia machista denuncian que se sienten "invisibles" y "abandonados" y piden más apoyo de la Administración

Algunas de las medidas que reivindican son el aumento de la pensión de orfandad, de en torno a 190 euros de media, la prohibición del régimen de visitas al padre maltratador y no condicionar el acceso de los menores a tratamientos psicológicos.

Los hijos y familiares de las mujeres víctimas de violencia de género han reclamado a la administración un "apoyo específico para seguir adelante", especialmente psicológico y económico, puesto que se sienten "invisibles" y "abandonados" a su suerte. Esta ha sido la reivindicación principal de la "II Jornada Huérfan@s de la violencia de género", un acto celebrado este lunes en el Senado y organizado por el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla y la Fundación Mujeres y que ha clausurado el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En su intervención de cierre, Rodríguez Zapatero, a pesar de considerar que todavía queda trabajo por hacer, se ha felicitado por vivir en "un país inequívocamente feminista". "En la inmensa mayoría de los países que conozco el machismo está incluso más vigente que aquí. Se nos reconoce como una sociedad líder en la lucha por la igualdad, y eso nos obliga a convertir nuestro país en uno donde merezca la pena vivir, especialmente para las mujeres", ha sentenciado.

El encuentro ha contado con el testimonio de Josua Alonso, un joven de 26 años que se quedó al cargo de su hermano pequeño después del asesinato de su madre a manos de su padre el año pasado. Josua ha denunciado que "nadie se preocupa por arreglar los problemas" de los huérfanos de víctimas de violencia de género y ha calificado de "laberinto de puertas" todas las trabas legales y personales con las que se topó en esos momentos. "Seguro de casa a nombre de un asesino, impuesto de sucesiones, declaración de herederos, ningún testamento hecho. Toca cancelar deudas, una tutela, ocuparme de una casa. Mil y un trámites, con el desembolso económico que eso conlleva, que tengo 26 años", ha señalado.

Asimismo, Luci, que se ocupó de los dos hijos de su hermana asesinada hace cinco años, ha enumerado todos los problemas con los que se encontró, desde el trámite de la guardia y custodia de sus sobrinos a la cancelación de los seguros y de la hipoteca de su hermana. "Empezó una lucha psicológica fatal, pero también una económica. Mi hermana tenía una casa y un coche que hay que seguir pagando hasta que se sufraguen todos los seguros, para lo que pueden pasar seis u ocho meses. Mientras, la familia tiene que pagarlo todo", ha manifestado.

Según el segundo Informe Anual elaborado por la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, un total de 194 menores han perdido a sus madres a causa de la violencia de género desde el 2013, incluidos los 8 niños y niñas que se han quedado huérfanos por esta lacra en lo que va de 2018. Para la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, la situación es "muy difícil" porque "no existen protocolos específicos" para los familiares de víctimas de violencia machista.

"La consideración de la condición de víctima debe establecer un protocolo de actuación especial para estas familias. Entendemos que las medidas del Pacto de Estado no serán cumplidas hasta que no se cumplan las condiciones dentro de las familias", ha aseverado. Joaquín García-Cazorla, miembro del comité de Selección del Fondo de Becas, ha subrayado el "desconocimiento" de la situación de los huérfanos, desde las dificultades económicas hasta la falta de sensibilización social alrededor de las víctimas, que son a menudo "estigmatizadas".

En este sentido, algunas de las medidas reivindicadas durante la jornada han sido el aumento de la pensión de orfandad, de en torno a 190 euros de media; la prohibición del régimen de visitas al padre maltratador o no condicionar el acceso de los menores a tratamientos psicológicos, entre otras. Al acto asistieron representantes públicos de Baleares, Castilla y León y Castilla-La Mancha, tres de las Comunidades Autónomas que ya han comenzado a poner en marcha algunas iniciativas, como, por ejemplo, ayudas de 4.000 euros anuales hasta cumplir la mayoría de edad.

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