La ingeniosa estrategia de un abogado para lograr una orden de alejamiento de una compañía telefónica acosadora

El letrado Francisco Javier Galán ganó la batalla a una empresa telefónica que le reclamaba de forma insistente una deuda de 80 euros que no existía. El abogado que obtuvo la sentencia a su favor en 2018, ha recogido ahora su lucha en un pequeño manual para ayudar a otras personas que puedan estar en esta situación.

Según cuenta, todo comenzó cuando a finales de 2015 decidió cambiar de compañía. A partir de entonces empezó su calvario: una penalización de 80 euros y hasta 19 llamadas diarias. "No eran mis 80 euros, sino los 80 que pretenden obtener de todas las personas que han contratado sus servicios. Se conoce como externalidades en economía, actuaciones que, a pesar de tener consecuencias negativas para otras personas, son rentables porque los beneficios son mucho mayores que los costes. Muchas personas acabarán pagando y claudicando para que no se les moleste", confiesa.

No sólo él sufrió esta situación, también toda su familia fue víctima del asedio. "Ya no es solo que te acosen para apoderarse de tu dinero, es que encima manchan tu honor incluyéndote en registros de morosos como su fueses un mal pagador o un delincuente, y lo publican a ojos de todo el mundo. Te intimidan hasta el punto de agotarte psicológicamente para que pagues", explica el afectado.

El asunto se prolongó durante meses hasta que Galán decidió poner remedio. Comenzó entonces a trabajar en un recurso judicial a su favor, y lo consiguió. "Es la primera vez en España que se investiga un caso de acoso telefónico de estas características y también la primera ocasión en la que se impone una prohibición de comunicación como medida cautelar a una compañía de telefonía móvil", apunta el letrado.

Acoso telefónico

Tal y como puntualiza el abogado dicho delito "puede darse entre personas desconocidas entre sí. No precisa de una relación íntima". Reclamó ante el Ministerio de Industria, que le dio la razón al afirmar que no debía nada a la empresa.

Sin embargo, las llamadas, lejos de remitir, continuaron. Fue entonces cuando interpuso una denuncia por acoso y estafa, delito tipificado como delitos contra la libertad tras la última reforma del Código Penal.

Poco después se archivó la causa, pero Galán, consciente de que podía ganar, recurrió ante la Audiencia Provincial, que ordenó al juzgado continuar con el procedimiento. Además, impuso a la compañía telefónica y a dos subcontratas de gestión de cobros la prohibición de comunicarse con él y su familia en cualquier modo.

Logra una orden de alejamiento

Finalmente, la Audiencia Provincial le dio la razón y consideró que la demanda de Galán merecía "la admisión a trámite". De esta experiencia el abogado sacó una conclusión, que ahora ha querido compartir públicamente: "No hay que dejarse amedrentar, luchar vale la pena, y si la lucha es más costosa que el resultado entonces hay que buscar a más afectados", añade.

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