Intervienen 25 toneladas de comida caducada o en mal estado de conservación en Tenerife

Ha sido operación conjunta entre la Guardia Civil y el Servicio Canario de Sanidad del Gobierno de Canarias en la que se han incautado unos 25.000 kilos de alimentos no aptos para el consumo humano que estaban a la venta en un supermercado ubicado en el polígono industrial de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona, en el sur de la isla de Tenerife. Entre los alimentos había carnes y pescados congelados que no tenían las condiciones higiénicas sanitarias aptas para ser consumidos.

La investigación se inició cuando los agentes constataron que en el supermercado donde estaban estos alimentos se ponía en riesgo la salud de los clientes porque se estaban cometiendo irregularidades. Al acceder al almacén comprobaron que había productos cárnicos, conservas, productos manufacturados e incluso pescado congelado en las estanterías, repartidos en arcones congeladores y en cámaras frigoríficas sin etiquetas que informaran de su procedencia o cadena de producción. En el interior de los expositores encontraron carne caducada a la venta y algunos productos con alteraciones producidas por la rotura de la cadena de frío.

Otro de los productos que llamó la atención de los agentes fue el pescado. Encontraron numerosas piezas de atún rojo que habían sido envasadas en el propio establecimiento sin etiqueta alguna sobre su procedencia, contenido o fecha de caducidad. El propietario del establecimiento no pudo en ningún momento documentar la procedencia de estos alimentos, ni tampoco confirmar que no se había roto la cadena de frío de los mismos.

En total los agentes intervinieron unas 25 toneladas de alimentos que, hasta el momento de la inspección, estaban siendo adquiridas por numerosas familias para su consumo, poniendo así en grave riesgo su salud.

Cierre y suspensión de la actividad del local

Tras la inspección procedieron al cierre del establecimiento y también se ha suspendido la actividad del mismo de manera cautelar por parte del Servicio Canario de Sanidad y Salud Pública por considerar que han puesto en grave riesgo la vida de muchos consumidores.

Por su parte la Guardia Civil le imputa un delito contra la salud pública. Asimismo se ha abierto un expediente administrativo sancionador por las múltiples irregularidades detectadas.

Cabe recordar que según el Código Penal, los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores por ofrecer en el mercado productos con alteración u omisión de los requisitos establecidos, se pueden imponer penas de entre uno y cuatro años de prisión, sin olvidar que puede resultar inhabilitado para ejercer este trabajo por hasta seis años.

Tanto desde Sanidad como por parte de la Guardia Civil recuerdan a los consumidores la necesidad de adquirir alimentos en establecimientos de total confianza y desistir de la compra si los productos carecen de etiqueta o tienen alguna señal de que pudieran haber perdido la cadena de frío.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Registrada una fuerte explosión en un edificio de Noáin por una fuga de gas