Explotación laboral
Investigadas tres personas por explotación laboral en una finca agrícola de Lugo
Detectados 82 inmigrantes en situación irregular en una operación por un delito contra los derechos laborales. La operación continua abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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La Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Lugo, ha investigado a tres personas como presuntas responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores en una explotación agrícola de Lugo. Durante una inspección en el marco de la operación Anavia, se localizaron a 82 inmigrantes en situación irregular que trabajaban en condiciones precarias.
Inicio de la investigación: un antiguo hotel
La operación se puso en marcha tras una alerta ciudadana en la localidad de Ordes (A Coruña). Una vecina informó de la llegada masiva de personas de origen africano a un antiguo hotel que carecía de licencia de hostelería. Según testigos, los recién llegados se encontraban desorientados, sin recursos y sin saber a dónde dirigirse.
Efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Ordes, junto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de A Coruña y efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, localizaron la finca, una de las de mayor extensión de la provincia y allí procedieron a identificar a un centenar de personas en situación irregular. Tras entrevistar a los afectados, se descubrió que la mayoría habían sido trasladados desde el sur de España con la promesa de trabajo en una explotación agrícola gallega.
Condiciones laborales precarias y entramado empresarial
De los 92 temporeros encontrados, 82 eran inmigrantes en situación irregular, sin contrato laboral ni permisos de residencia o trabajo.
Además, las condiciones laborales eran extremadamente precarias. Los trabajadores carecían de contratos legales y estaban obligados a pagar por su alojamiento en instalaciones inadecuadas, así como por el transporte diario a la finca.
La operación también destapó un entramado empresarial que utilizaba una empresa de trabajo temporal con sede en Sevilla para cubrir su actividad ilícita. Según las primeras investigaciones, esta empresa daba de alta ficticiamente a un número reducido de trabajadores con documentación en regla, mientras que el resto eran empleados de manera ilegal.
Implicaciones legales y próximas acciones
Las tres personas investigadas se enfrentan a posibles cargos por delitos contra los derechos de los trabajadores, según el artículo 311 del Código Penal. Las autoridades continúan analizando la documentación incautada en la finca y en la sede de la empresa temporal, con el objetivo de determinar el alcance total de la actividad ilícita y si existen más implicados.
Por su parte, los 82 inmigrantes en situación irregular han sido puestos bajo la tutela de los servicios sociales. Las autoridades trabajan en su reubicación y en garantizarles acceso a asistencia legal.
Un problema recurrente en el sector agrícola
Este caso pone de manifiesto una problemática recurrente en el sector agrícola, donde los trabajadores migrantes son especialmente vulnerables a la explotación laboral. La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo han reiterado su compromiso para combatir estas prácticas ilegales y proteger los derechos de los trabajadores.
La operación Anavia continúa abierta, y no se descartan nuevas actuaciones para desmantelar posibles redes vinculadas a la explotación laboral en Galicia.
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