Investigan a una organización dedicada a recoger animales abandonados en Barcelona por maltrato

Una organización que recogía a animales abandonados está bajo investigación por varios delitos. Detrás de esas buenas acciones podrían esconderse delitos de maltrato animal, falsedad documental, contra los recursos naturales y de organización criminal. El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil inició la operación llamada Relicta sacó a la luz graves irregularidades en la gestión de los animales y el tratamiento clandestino de cadáveres, involucrando a cinco empresas y siete personas. El caso se originó hace años tras denuncias ciudadanas que alertaban de irregularidades en una residencia canina para animales abandonados.

Esta residencia, además de recoger y albergar a los animales, dispone de una incineradora autorizada para la gestión de cadáveres, lo que levantó sospechas sobre posibles prácticas de eliminación de pruebas, dado que también sería responsable del sacrificio injustificado de algunos animales. Las investigaciones por tanto, apuntan a que esta instalación pudo haber sido utilizada para encubrir un delito de maltrato animal, destruyendo cuerpos sin seguir los protocolos establecidos. Otra denuncia interpuesta por Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), que aportó pruebas documentales sobre casos específicos de maltrato en una segunda residencia situada en otro municipio. El asombro vino cuando se descubrió que las dos residencias caninas estaban regentados por las mismas personas.

Además de demostrar casos de maltrato animal, la investigación sacó a la luz falsificaciones documentales y el almacenamiento no autorizado de cuerpos en una nave.

Cachorros sacrificados sin razón

Durante el transcurso de la investigación se han tomado declaraciones a cinco personas que han declarado sobre la dura realidad de estas residencias caninas a través de varios casos: Nuna, una perra que ingresó preñada en una de estas residencias, perdió una cantidad significativa de peso en aproximadamente dos meses, y sus cachorros fueron sacrificados sin razón al nacer. Bulbo fue otro perro que sufrió una trágica experiencia debido a las condiciones inadecuadas de las jaulas que permitían que los perros interactuaran peligrosamente, siendo atacado brutalmente por otro perro que compartía pared con él, y en lugar de recibir ayuda y tratamiento, fue injustamente etiquetado como agresivo y, a pesar de los testimonios que contradecían esa evaluación, fue sacrificado. Son solo dos ejemplos de un largo etcétera.

Más de 50 ayuntamientos de la provincia de Barcelona que desconocían las irregularidades han contratado los servicios de estas empresas, que además mantienen un alto nivel de hermetismo en sus conductas y no aceptan la colaboración de voluntarios, lo que hace más difícil supervisar el tratamiento de los animales.

La Guardia Civil ha concluido que la red opera bajo un esquema criminal que no solo se lucra a través de los contratos con los ayuntamientos y la gestión de los cadáveres y sus residuos, sino que también incurre en delitos y ocultación de pruebas, por lo que se han propuesto delitos de maltrato animal, falsedad documental, contra los recursos naturales y de organización criminal.