Matrimonio forzado

Una joven denuncia ante los Mossos que sus padres quieren casarla con un hombre que no conoce en Bangladesh

La joven decidió acudir a una comisaría para denunciar a sus padres: habían concertado un matrimonio en contra de su voluntad con un hombre de su país al que ni siquiera conoce.

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Una joven bengalí, al parecer menor de edad, residente en Cataluña ha denunciado ante los Mossos d'Esquadra que sus padres quieren obligarla a casarse con un hombre en su país, en Bangladesh, al que no conoce.

Este nuevo posible caso se produce solo dos días después del asesinato de las dos hermanas pakistaníes residentes en Terrassa (Barcelona). Aneesa y Arooj Abbas, de 20 y 24 años, asesinadas por sus propios familiares al querer divorciarse de sus maridos con los que fueron obligadas a casarse.

La chica acudió anoche a una comisaría de la policía para pedir ayuda y poner una denuncia. En estos momentos se encuentra bajo protección en un piso de la Generalitat. Según su relato, su familia había concertado un matrimonio forzoso en el extranjero en contra de su voluntad con un hombre de su país al que ni siquiera conoce.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación, incluyendo a los padres, para averiguar las circunstancias de este matrimonio de conveniencia. Según sus datos, han atendido a casi 200 mujeres desde 2009 a las que querían casar a la fuerza o estaban recibiendo coacciones para obligarlas. La situación se complica porque en la mayoría de los casos las víctimas son menores de edad y no atreven a denunciar.

Cataluña es la comunidad con más casos conocidos de matrimonios forzados. De los 27 que se han registrado desde 2015 en toda España, 14 se produjeron en Cataluña, según datos del Ministerio de Interior. La Generalitat cuenta desde 2020 con un protocolo específico para prevenir y actuar ante estos casos.

El Código penal contempla penas de cárcel para aquellos que obliguen a una persona a casarse. Van de los seis meses a los tres años y seis meses de cárcel o bien multas de doce a veinticuatro meses dependiendo de si es "con intimidación grave o violencia". Y si las víctimas son menores de edad las condenas que recoge el Código Penal se agravan aún más.

Generalmente las familias son originarias de Senegal, Nigeria, Pakistán, Marruecos y en la comunidad gitana proveniente de Rumanía.

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