Cada uno de los 67 jóvenes que participaron en una fiesta ilegal en una hospedería de un convento de la localidad vizcaína de Derio en la noche de entre el lunes y el martes, se enfrenta a cinco sanciones administrativas por haber infringido los límites de movilidad, de horario, del número de personas que se pueden congregar, las distancias interpersonales y el uso de mascarillas.
Esas 67 personas se enfrentan a hasta cinco sanciones por no llevar mascarilla en la fiesta, no respetar la distancia de seguridad, reunirse más de 6 personas, saltarse el toque de queda y el confinamiento perimetral. Son unos 600 euros por cada incumplimiento, con lo que en total serían 3.000 euros cada uno.
En el caso de los organizadores de la multitudinaria fiesta, la situación se agrava. Se podrían abrir diligencias penales por los destrozos que provocaron en la hospedería, según ha informado el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga.
Aunque los gestores de la hospedería han negado que supieran el número de personas que iba a estar en el inmueble y con qué fin se iba a utilizar, la Policía autonómica de Vizcaya analiza si es así y si estos cumplieron todos los requisitos administrativos que se exigen.
"Creo que, en este caso, la inmensa mayoría de la sociedad está por que se cumplan estar normas que son para preservar la vida de la ciudadanía. Y, en este caso, lo que la ciudadanía opina es que no se puede poner en riesgo la vida de las personas sin que tenga su correspondiente sanción", ha apuntado Zubiaga.
A su juicio, "una mayoría de la sociedad cumple, quiere que se cumplan (las normas), hay una gran colaboración ciudadana para ayudar a que se cumplan las condiciones para preservar la salud, y hay una pequeña minoría, unos pocos, que pueden hacer actos como los de Derio u otros que se puedan ver". "En general, el balance es positivo en cuanto a la conciencia social y al cumplimiento por parte de la inmensa mayoría de la ciudadanía", ha subrayado.
