Juana Rivas, para quien la Fiscalía ha pedido cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores al haber permanecido un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, afronta la situación "con fuerza y ánimo de luchar hasta el final".
Así lo ha manifestado Juan de Dios Ramírez, letrado del despacho de abogados que representa a Juana Rivas, para quien pedirán su libre absolución.
La defensa de Rivas ha considerado el escrito provisional de la Fiscalía, que también pide para ella seis años de inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad, "muy duro para una situación tan injusta como la que ha vivido", en alusión a la "violencia" de la que Juana dice haber sido víctima con su expareja.
Su expareja y padre de los niños, el italiano Francesco Arcuri, fue condenado en el 2009 por lesionarla y nuevamente denunciado por Juana Rivas por maltrato en julio del 2016, denuncia ésta aún pendiente de resolución por la justicia italiana, a quien corresponde tramitarla.
La defensa de Juana Rivas considera no obstante que el caso "tiene todavía recorrido y posibilidades de defensa porque -el escrito de la Fiscalía- en absoluto recoge los argumentos" que, dice, han ido desgranando a lo largo de la instrucción en relación con esa supuesta situación de violencia de la que fue objeto.
Fue el 28 de agosto del año pasado cuando Rivas, tras un mes en paradero desconocido, entregó en dependencias de la Guardia Civil de Granada a sus dos hijos, de 3 y 11 años, que desde entonces viven con su padre en la isla de Carloforte, al sur de Cerdeña, donde se mantiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la custodia definitiva.
Juana mantiene el contacto con sus hijos y durante las pasadas Navidades pasó unos días con ellos en Italia, como así lo permitió un juez, "libremente y sin ningún tipo de vigilancia ni control", según su abogado.
La defensa de Rivas indica además que presentarán una querella por falsedad documental contra Arcuri alegando que presentó documentos de dudosa legalidad para acreditar que los menores son italianos y asegura que los pequeños han nacido en Granada y que no pueden tener doble nacionalidad porque no existe ningún tratado entre España e Italia que lo permita.
