El juez obliga a traducir la información dell CIE al dialecto de varios países africanos

El juez del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona ha ordenado traducir los boletines que informan a los reclusos de sus derechos, no solo a las lenguas oficiales de sus países, sino también a las que hablan un porcentaje notorio de la población, como el wolof, el mandiga o el guajaratí.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que tiene encomendado el control del CIE de la Zona Franca, ha constatado que a los internos se les entrega al entrar una hoja para informarles de sus derechos y deberes, con traducciones a los principales idiomas.

Para el magistrado esa traducción no es suficiente, teniendo en cuenta que muchos de los inmigrantes que llegan a España desconocen la lengua oficial de su país, especialmente los procedentes del África subsahariana, o hablan una variedad lingüística que no está reconocida por su Estado de origen.

Es el caso de muchos inmigrantes africanos que desconocen el inglés y el francés, lenguas oficiales en sus países, y solo hablan la lengua propia de la zona de la que proceden, como el wolof, el bambara y el mandinga.

Por ese motivo, el auto exige al CIE que traduzca los boletines informativos de derechos a la lengua oficial del Estado para que los inmigrantes puedan entender sus derechos ya que esos dialectos son hablados por un porcentaje notorio de la población de su ayuda.

Esa medida obligará también a recurrir a intérpretes de hindi, guajaratí, bengalí o punjabí, lenguas que se hablan en la India, al margen del urdú, que es el idioma oficial de Pakistán pero también se habla en el país vecino, según el auto.

En su auto, el juez insta también a la dirección del CIE a facilitar a los internos, el mismo día de su llegada de forma individual, información sobre la posibilidad de solicitar asilo, ya que estas personas huyen por la gran pobreza y guerras internas de su país, especialmente Mali, Siria o Iraq.

El juez ha dictado este auto tras tener conocimiento, a través de la Comisión Española-Catalana de Ayuda al Refugiado, de la existencia de algunos internos malienses que podrían tener derecho a protección internacional debido a la situación bélica de su país.