Doñana
El juez ordena precintar los pozos ilegales de la Casa de Alba y apunta al impacto colateral en Doñana tras el informe del Seprona
Establece una conexión con el parque natural de estas extracciones sin licencia y cita a declarar como investigado a Luis Martínez de Irujo el próximo 20 de febrero.
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El último auto del juez encargado del caso de los pozos ilegales de la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba, ubicada en Aznalcázar, en Sevilla, establece por primera vez una conexión con Doñana en lo referente a extracciones sin licencia y considera que el daño sustancial al medio ambiente provocado por estas captaciones tiene un impacto colateral en el parque natural y en su avifauna.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor tiene en cuenta el contundente informe realizado por el Seprona de la Guardia Civil, que contabiliza hasta 6.600 millones de litros los recursos que se han extraído ilegalmente. Esta práctica, habría producido un daño ambiental cifrado enseis millones de euros y que el impacto provocado puede ser irreversible.
Según los agentes, los pozos estaban ocultos en zonas de difícil ubicación y tapados con malla verde, lo que entorpecía su detección por satélite y la mayoría de ellos tenían más de 30 metros de profundidad.
Así las cosas, el juez ordena también el precinto y la retirada de las bombas y equipos que permiten sacar recursos del acuífero. Advierte también a la empresas que gestiona la finca que en caso de quebrantar ese precinto estarían cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
Denuncia en 2023
La causa se puso en marcha hace dos años, después de que antiguos trabajadores de la finca junto a Doñana, alertaran de la existencia de pozos ilegales en la finca. Tras abrir una investigación, la Guardia Civil descubrió varios que extraían agua, procediendo a su clausura por orden judicial pese a que la empresa alegó que nunca usó más recursos de los autorizados. Meses después se levantó esta medida provisional y a las semanas fueron detectados de nuevo en pleno funcionamiento, lo que llevó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a cerrarlos de nuevo.
El siguiente paso será la declaración de Luis Martínez de Irujo, que está citado a declarar el próximo 20 de febrero y que sustituye como principal acusado a su tía, Eugenia Martínez de Irujo, que fue inicialmente imputada.
El magistrado señala que los hechos investigados serían constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente, que en el peor de los casos prevé penas de hasta cinco años de cárcel, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
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