Arranca el primer macrojuicio en España contra la Mara Salvatrucha

Los 38 acusados en la mayor operación en España contra la Mara Salvatrucha 13, que en marzo de 2014 permitió desarticular la cúpula de esta peligrosa banda de origen salvadoreño y frenar su expansión, han comenzado a llegar a la Audiencia Provincial de Alicante para ser juzgados.

El juicio por la denominada operación Cruasán se va a desarrollar durante doce sesiones a lo largo de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de este año, sin especiales medidas de seguridad.

Del total de sospechosos, 34 comparecen ante la sección segunda de la Audiencia de Alicante en libertad provisional y han llegado a partir de las 9.30 horas, mientras que cuatro han sido trasladados pasadas las 10 horas desde diferentes centros penitenciarios.

Entre los implicados figuran los presuntos cabecillas de las distintas "clicas" o distritos territoriales que, según la Fiscalía Anticorrupción, se agruparon para crear el "Programa 34", como denominan al proyecto de expansión en España.

Dicho "programa" tenía su sede central en la localidad alicantina de Ibi, en torno a la "clica" Big Crazy, y contaba con ramificaciones en Madrid, Girona y Barcelona.

Según el ministerio público, los acusados pretendían consolidar en España una banda similar a la Mara salvadoreña, con la que tenían contacto y de la que recibieron financiación.

Los sospechosos participaron presuntamente en varias peleas por el "control del territorio" con bandas rivales y llegaron a planificar el asesinato de uno de sus adversarios, aunque finalmente no lo pudieron llevar a cabo.

Igualmente, conspiraron para matar al testigo del apuñalamiento sufrido por un presunto integrante de una banda rival, los Latin Kings, ocurrida en el puerto de Alicante en 2012.

Los mareros ingresaban dinero a través del tráfico de drogas, pues habían establecido una red de transporte, almacenamiento y distribución de marihuana y cocaína.

Además, la Mara poseía armas de fuego a disposición de todos sus miembros, añade la acusación pública, que reclama inicialmente para los procesados penas que oscilan entre los dos y los 30 años de cárcel.

Los cargos a los que se enfrentan son pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, asesinato en grado de tentativa, conspiración para el asesinato, lesiones, amenazas y blanqueo de capitales.

El tribunal celebrará el juicio en la sala de vistas con jurado de la Audiencia Provincial de Alicante, que dispone de un mayor espacio para albergar el elevado número de acusados y abogados.