Juicio contra los responsables de una residencia de Sant Quirze por tener a varios ancianos desnutridos

Este martes comenzaba el juicio contra cuatro responsables de la residencia de ancianos Sanlisart, en Sant Quirze del Vallès (Barcelona). La fiscalía pide penas de prisión que van desde los cinco años hasta los cuarenta y siete y treinta mil euros en indemnizaciones para cada usuario por unos hechos que ocurrieron, al menos, entre 2015 y 2016.

Durante la primera sesión del juicio, el abogado de tres de los responsables de la residencia ha pedido que se les juzgue por doce delitos contra la integridad moral de los usuarios, en lugar de los veintiuno que solicitan tanto la Fiscalía como la acusación particular.

La defensa también se ha quejado del hecho de que se les acuse de un delito subsidiario de abandono cuando los escritos de acusación de la Fiscalía y de la acusación particular no concretan cuáles fueron los hechos ni cuál es el residente afectado al que se refieren.

Sin embargo, el letrado ha añadido que otro de los casos por los que la Fiscalía y la acusación particular piden condenar a uno de los procesados como autor de un delito contra la integridad moral y abandono hacia una de las usuarias ya fue juzgado y que salió absuelto en una sentencia que, por otro lado, ya es firme.

Falseo de documentos y estafa a la Generalitat

Según la fiscal, dos de los acusados falsearon documentos para simular que servían menús completos a los residentes cuando la realidad era que repartían 18 menús para los 24 usuarios. Según la acusación pública, los acusados estafaron a la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, que abonaba entre 800 y 1000 euros por cada plaza pública mientras que el resto era aportado por las familias hasta aportar cuotas que oscilaban entre los 1.400 y los 1.800 euros.

Durante la primera sesión del juicio han declarado varios inspectores de los Servicios Sociales aclarando que, tras una denuncia, descubrieron que todas las comidas costaban cuatro euros por personas, llamándoles la atención el precio "absolutamente insuficiente".

Tras conocer que no repartían toda la comida que deberían, ordenaron el traslado de los usuarios a otra residencia ubicada en Sabadell. Sin embargo, la testigo no recordaba muchos de los detalles por el paso del tiempo. A pesar de ello, ha afirmado que envió un e-mail para pedir analíticas a los residentes a su llegada a Sabadell.

Por todo ello, la Fiscalía los acusa de un delito continuado de esta en el concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de 21 delitos contra la integridad moral en concurso de normas con un delito de abandono por omisión, por lo que pide penas de 5 a 47 años de cárcel y que indemnicen a cada usuario con 30.000 euros.

Además, acusa a dos de ellos de manipular tanto albaranes de entrega como facturas emitidas para dar a los usuarios menos menús de los que deberían. Esto provocó que "los alimentos servidos fueran escasos y carentes de nutrientes", desencadenando en la desnutrición de algunos ancianos.

Mala higiene y ausencia total de actividades

A los otros dos juzgados, director y responsable higiénico – sanitario y a la supervisora del funcionamiento de la residencia se les acusa de una "intolerable dejación de sus funciones" por el estado de malnutrición y mala higiene en la que se encontraban los usuarios.

Añade, además, que los residentes tenían mala higiene corporal, que llevaban la ropa sucia, que estaban sin afeitar y que tenían los dientes sin lavar y que el programa de actividades de estimulación era "inexistente".

Algo que también ha querido dejar claro la hija de uno de los afectados, afirmando que cada vez que visitaba a su padre encontraba a todos los residentes sentados en sillas y a ninguno en el jardín y que su padre llegó a pedirle que le sacara de allí de manera urgente.

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