Homicidio
El jurado popular declara a Bernardo Montoya culpable por el crimen de Laura Luelmo
El tribunal concluye que también la secuestró y agredió sexualmente antes de matarla
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El jurado popular ha declarado este viernes por unanimidad culpable de todos los cargos de los que se le acusaba -asesinato, agresión sexual y detención ilegal- a Bernardo Montoya, el hombre acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 a Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años, en la localidad de El Campillo (Huelva).
Tras ello, tanto la Fiscalía como las acusaciones que ejercen la familia y la Junta de Andalucía han mantenido las peticiones de pena realizadas en el día de ayer, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En el juicio, celebrado a puerta cerrada, Montoya no reconoció los hechos, aunque pidió perdón a la familia de Laura Luelmo tras reconocer que había trasladado el cuerpo de la joven. Esto es lo único que el acusado ha admitido en sus declaraciones tanto en el primer día de juicio como en la última sesión, según informó durante la semana su letrado, Miguel Rivera, ya que se ratificó en su última versión que inculpa a su expareja como la presunta autora del crimen.
Los miembros del jurado -seis hombres y cinco mujeres, dos de ellos suplentes- iniciaron la deliberación poco después de las 12:30 horas de este viernes, tras recibir del magistrado-presidente del juicio, Florentino G. Ruiz Yamuza, el objeto del veredicto compuesto por 19 preguntas, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La entrega del veredicto se ha producido en la sala de vistas ante la Fiscalía, la acusación particular, la acusación popular, la defensa y el propio acusado.
La Fiscalía pide 20 años
La Fiscalía pide 20 años de cárcel para Montoya por un delito de detención ilegal, 12 por otro de agresión sexual y prisión permanente revisable por un delito de asesinato.
También piden prisión permanente revisable la acusación particular que ejerce la familia de la víctima y la Junta de Andalucía, como acusación popular.
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