Indemnización
La Justicia da la razón a decenas de pacientes que se quedaron ciegos a causa de un producto sanitario defectuoso
Las sentencias del TSJC reconocen su derecho a cobrar una indemnización que tendrá que pagar la compañía de seguros ya que la empresa farmacéutica que fabricó el producto quebró tras las múltiples demandas
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Se trata de un producto sanitario fabricado por la compañía alemana Alamedis y comercializado como Ala Octa desde 2012 que se usaba tras las intervenciones por desprendimiento de retina. En 2015 se descubrió que seis lotes de este producto estaban contaminados y produjeron un daño irreparable en algunos pacientes.
Casualmente dos de esos seis lotes se usaron en Canarias, de manera que en las islas se detectaron hasta 34 casos relacionados con el uso de este producto. El doctor Miguel Ángel Serrano, jefe de oftalmología del Hospital Universitario de Canarias en aquel momento, fue uno de los que descubrió, junto a su equipo de cirujanos, que algo estaba pasando.
"Cuando tras una operación en la que todo ha salido bien, tienes una reacción adversa inesperada te sorprendes. La segunda vez pones a todo el mundo en alerta, pero la tercera ya estás seguro de que algo pasa. Nos sentamos todos los oftalmólogos que operábamos en el HUC y descubrimos que todos había usado este producto, así que de forma preventiva decidimos no usarlo más", aseguran.
Se hizo un estudio para ver qué pasaba
En junio de 2015 en una reunión de cirujanos de retina descubrieron que el problema no era solo de este hospital sino que ocurría en más centros de todo el país y decidieron denunciar la situación. En ese momento se hizo un estudio cito-tóxico para ver qué pasaba y demostraron que había seis lotes de ese producto que habían generado un problema estructural en los pacientes: les había dejado ciegos.
A partir de ahí comenzó una batalla legal para los casi 150 pacientes afectados en toda España, 34 de ellos en Canarias, contra la farmacéutica Alamedis que quebró poco después debido a las numerosas demandas recibidas. El responsable subsidiario tras la desaparición de la compañía era su aseguradora que ha sido condenada a pagar las indemnizaciones a los pacientes a los que se les ha reconocido.
El doctor Serrano defiende que además de los afectados, también el servicio público de salud y los médicos resultaron perjudicados por eso entiende que los que deben pagar son los responsables de su fabricación. Durante años la compañía de seguros ha intentado retrasar el pago de estas indemnizaciones.
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"Los pacientes que se han quedado con una ceguera total o casi sin visión, tienen un drama y es lamentable que las compañías de seguro no asuman las consecuencias de lo que ha ocurrido", asegura el doctor Serrano
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