Un juzgado investiga al padre de Marchal (Granada) por supuestos abusos sexuales a tres de sus hijas menores de edad

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Guadix (Granada) mantiene abiertas unas diligencias previas por unos casos de abusos sexuales cometidos presuntamente sobre tres de sus hijas menores de edad por el vecino de Marchal (Granada) al que la Junta de Andalucía ha retirado la tutela de 11 de sus 30 hijos tras determinar que se encontraban en desamparo y no estaban siendo atendidos de forma adecuada.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las diligencias fueron abiertas en el año 2017 a raíz de que una de las hijas dio a conocer su situación en el colegio donde estaba escolarizada.

Tras un informe de credibilidad realizado por la Fundación Márgenes y Vínculos, el Juzgado y la Fiscalía le tomaron declaración, explicando la menor "los presuntos abusos sufridos así como otras situaciones de maltrato", y mencionando los casos de otras dos hermanas menores que "estarían también siendo objeto de un comportamiento similar por parte de su padre".

Las dos hermanas están pendientes de que la citada fundación realice el pertinente informe de credibilidad y, de cumplir con los requisitos exigidos, se les tomará declaración igualmente.

Mientras tanto, los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía se han hecho cargo de las tres hermanas y el Juzgado ha decretado una orden de protección respecto del padre que está actualmente en vigor. El TSJA ha detallado que el padre de Marchal negó los hechos en una declaración ante el juez y que se encuentra en libertad provisional investigado por supuestos abusos sexuales.

Fuentes del Ministerio Público detallaron, por su parte, que Fiscalía de Menores ha trabajado con la Junta en los últimos años en los trámites que han concluido en la retirada de la tutela de 11 de sus hijos, en un tipo de seguimiento en el que también intervienen los Servicios Sociales de los ayuntamientos.

La intervención de la Junta se produjo durante la mañana del pasado martes en este municipio de unos 400 habitantes con el apoyo de la Guardia Civil, que ha atendido el requerimiento de la Fiscalía y desplegó un dispositivo en la zona para dar protección a los trabajadores sociales que acudieron hasta allí para realizar su labor.

Aunque desde la Junta no se han ofrecido detalles de este caso concreto, el jefe del Servicio de Protección de Menores de la Junta en Granada, José Antonio Puerta, relató que el Gobierno andaluz sólo actúa cuando hay acreditada "una situación de desamparo" y los informes con los que se cuentan evidencian que no se está "atendiendo adecuadamente" a los niños y en consecuencia "peligra su integridad".