Agresión sexual
Juzgan a una mujer de 73 años por violar a su nietastra con síndrome de Down en Gran Canaria
La Fiscalía pide para la procesada la pena de 15 años de prisión con la pena accesoria de inhabilitación absoluta y la prohibición de acercarse y comunicarse por cualquier medio y a menos de un radio de 500 metros a la víctima.
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La Audiencia Provincial de Las Palmas juzga a una mujer de 73 años por haber agredido sexualmente a su nietastra con síndrome de Down. Según los hechos que describe el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, la acusada -de iniciales M.R.H.- es la madre de la que fuera en ese momento la nueva pareja sentimental de la progenitora de la joven con síndrome de Down.
Los hechos se remontan a 2016 cuando la madre de la víctima, que entonces tenía 21 años, comenzó una relación con el hijo de la acusada. La Fiscalía subraya que la joven con síndrome de Down tenía en aquel momento una dependencia moderada de otras personas, debiendo estar al cuidado de otros por el retraso mental que sufre y que le impide prestar consentimiento válido ante determinadas situaciones de la vida cotidiana. La madre de la joven, comenzó una convivencia con su nueva pareja y con la madre de ésta, la acusada, que pasó en ese momento a acoger a la víctima como una nieta.
Le decía que si contaba algo la tiraría por el balcón
A partir de 2018, según el escrito de la Fiscalía, en varias ocasiones mientras la procesada se encargaba del cuidado de la víctima, aprovechaba los momentos que se quedaban a solas para besarla, tumbarla en la cama, tocarle los pechos y hacerle tocamientos íntimos. Después, para evitar que se lo contara a su madre y con el fin de atemorizarla le decía que si contaba algo la tiraría por el balcón o la ingresarían en un centro.
Los hechos narrados son constitutivos de un presunto delito de violación continuado y, como consecuencia de estos, la víctima presenta una sintomatología postraumática con una pérdida importante de autonomía.
Sufre un daño irreversible
La Fiscalía pide para la procesada la pena de 15 años de prisión con la pena accesoria de inhabilitación absoluta y la prohibición de acercarse y comunicarse por cualquier medio y a menos de un radio de 500 metros a la víctima. La acusación particular pide además tres años más por lesiones psíquicas y otros tres por maltrato habitual, además de 100.000 euros de responsabilidad civil basándose en los informes psicológicos.
Mónica Sánchez, abogada de la acusación particular, asegura que la joven lleva en tratamiento psicológico desde 2018, que sufre un daño irreversible y que su vida nada tiene que ver con lo de antes.
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