Tráfico de órganos
Juzgan a un político libanés en Valencia acusado de tráfico de órganos por intentar comprar un hígado
Comienza el juicio contra un libanés que pretendía comprar un hígado a inmigrantes sin recursos en Valencia para un trasplante. Una voluntaria de una ONG dio la voz de alarma con la que comenzó la investigación.
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Necesitaba un hígado y pretendía comprarlo pagando a inmigrantes ilegales sin recursos. Sucedió en 2013 y hoy se sienta en el banquillo de los acusados en la Ciudad de la Justicia de Valencia junto a otros cuatro acusados, por presuntamente, intentar comprar parte de un hígado para un trasplante.
El detenido, un alcalde libanés de 69 años, ofrecía 40.000 euros a quien pudiera ayudarle a superar una enfermedad hepática incurable, y para eso contactó con dos sobrinos suyos residentes en Valencia que buscaban entre personas sin recursos comprar parte del órgano que necesitaba el político.
Una voluntaria de una ONG que trabajaba con inmigrantes sin papeles es la que da la voz de alarma. Se entera de que a una mujer argelina de 28 años le habían ofrecido dinero a cambio de ceder parte de su hígado. Es más, llegó a hacerse pruebas, un TAC, una resonancia y una volumetría hepática, aunque finalmente fue descartada porque estaba embarazada.
Vistas de 9 personas a clínicas privadas
El grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia comenzó las investigaciones y determinó que hasta nueve personas habían visitado dos clínicas privadas para someterse a las mismas pruebas acompañadas de la misma persona, un familiar del enfermo libanés.
La trama de compraventa de hígado fracasó también porque uno de los candidatos compatible, un rumano sin techo, generó desconfianza al coordinador de trasplantes del Hospital Clínico de Barcelona donde se iba a llevar a cabo la intervención.
El alcalde que fue finalmente trasplantado con el hígado de su hijo el 26 de agosto de 2013, declaró en su día que desconocía que estuviese prohibido comprar órganos vitales entre vivos por las autoridades y la legislación españolas.
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En 2019 ya se celebró un juicio en la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia que acabó con un pacto entre fiscalía y acusados. El millonario libanés aceptó un año de prisión y sus familiares dos años, todos reconocieron los hechos. Ahora se vuelve a juzgar este caso por orden del Supremo que reconoce la legitimación de la abogacía del Estado para ejercer la acusación particular, en representación del Ministerio de Sanidad y de la Organización Nacional de Trasplantes en un proceso penal por tráfico de órganos.
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