Juzgan a la propietaria de una agencia de viajes que vendía paquetes vacacionales inexistentes y se apropió de 80.000 euros

Problemas de liquidez al operar con unos márgenes de beneficios muy reducidos son los que la propietaria de la agencia Viajes Vibolid, J.M.A.H, ha expuesto al tribunal este lunes, en la primera sesión del juicio iniciado en la Audiencia de Valladolid, para justificar por qué no pudo gestionar los viajes que medio centenar de clientes concertó con ella a lo largo de 2014 y a los que finalmente dejó en tierra, a pesar de haber recibido de ellos cantidades que suman más de 80.000 euros.

La procesada, quien tan sólo ha aceptado responder a preguntas de la fiscal del caso, su defensa y aquellas precisiones que pudieran demandar los magistrados, ha negado haber utilizado para su "enriquecimiento personal" las distintas cantidades que, a cuenta, le fueron entregadas por la clientela y ha insistido en que los pequeños márgenes con los que operaba, de entre 15 y 20 euros de beneficio por vuelo, tal y como ha especificado, fue el principal obstáculo para cumplir los compromisos adquiridos y a colgar finalmente, en pleno mes de agosto de 2014, el cartel de 'cerrado por vacaciones'.

La que fuera titular de Vibolid, traída para el juicio desde Polonia, país al que se había fugado, merced a la primera euroorden de extradición cursada por la Audiencia de Valladolid, ha explicado que venía operando en el sector desde 2008, inicialmente como empleada en otras empresas distintas, y que ya al frente de su agencia hacía las reservas de los viajes con los mayoristas, bien por teléfono o a través de Internet, una vez que los clientes le iban entregando cantidades a cuenta.

"Bloqueaba las reservas, aunque en otros casos no era necesario cuando había plazas suficientes", ha indicado la encausada, quien ha insistido en que el cierre de la agencia en agosto de 2014 fue por falta de liquidez ante la "imposibilidad de hacer frente a los pagos".

Sin embargo, J.M.A.H. ha venido a reconocer que llegó a operar sin póliza de responsabilidad civil, algo que ya conocía en marzo de 2014 y que llevó a la Junta de Castilla y León a notificarle el 21 de julio la retirada de la licencia, aunque ella mantiene que de esto último se enteró a toro pasado, una vez cerrado el negocio. "Había pedido a Catalana Occidente que me diera un poco más de plazo para renovar la póliza, y la aseguradora me lo había concedido", apunta.

Antes de que por la sala empezaran a 'desfilar' los afectados, la fiscal del caso se ha dirigido a los magistrados para incluir en su escrito de calificación provisional, que recoge una petición de seis años de cárcel por delito continuado de apropiación indebida, la inhabilitación de la acusada para ejercer en el sector por idéntico periodo de tiempo, mientras que una de las acusaciones particulares que pedía inicialmente cuatro años y medio--representa a la práctica totalidad de afectados--se ha adherido a escrito de la acusación pública y la otra ha mantenido invariable su solicitud de cuatro años de privación de libertad.