Juzgarán un delito de hace 16 años tras ser delatado por el ADN

La Audiencia de Las Palmas juzgará a partir del martes a un ladrón con varios antecedentes al que el ADN delató en noviembre 2010 como el posible autor de un crimen pendiente de resolver desde 1994: el asesinato y violación de una mujer colombiana en la capital grancanaria.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 15 de enero de 1994 en un edificio de apartamentos de la calle Torres Quevedo de Las Palmas de Gran Canaria, cuando una mujer de 43 años, Yolanda Tabares Gil, fue asaltada por un individuo que la violó y estranguló. La Policía investigó entonces a tres personas sobre los que no se hallaron pruebas, por lo que el caso quedó pendiente durante años hasta que los investigadores decidieron retomarlo tras conocer que el ADN de los restos biológicos de un exudado vaginal practicado a la víctima durante la autopsia nunca llegó a procesarse.

Esos restos se habían conservado quince años en Instituto Toxicológico de Sevilla, sin que llegaran a pasar por un análisis de ADN porque el juzgado que instruyó el caso nunca lo pidió, puesto que en las diligencias no había un posible autor de los hechos. Los investigadores del caso solicitaron autorización al juez para que esos restos se procesaran y para que su ADN se introdujera en las bases de datos policiales por si se hallaba alguna coincidencia. Esa comparación reveló que el ADN del semen hallado en la víctima coincidía con el de Miguel Isidro M.H., un hombre al que se había tomado un perfil genético en 2009 tras ser detenido por un robo con violencia y que en su momento, según la Policía, había mantenido relaciones sexuales periódicas con Yolanda Tabares.

En su escrito de cargos, el fiscal acusa a Miguel Isidro M.H. de haber abordado a la víctima en la escalera del edificio donde residía, intimidándola con un objeto punzante. Según el Ministerio Público, el acusado violó y estranguló a Yolanda Tabares y le arrebató un anillo y 5.000 pesetas en efectivo. Por estos hechos, le acusa de asesinato, violación y robo con violencia, delitos por los que solicita 38 años de cárcel. Los hechos serán juzgados ante un tribunal convencional, ya que sucedieron un año antes de que se aprobara la Ley del Jurado, institución competente en los delitos de asesinato.