La Guardia Civil ha confirmado que Julen, el niño de dos años que murió tras caer a un pozo Totalán (Málaga) el 13 de enero, quedó atrapado bajo la tierra que arrastró en su caída de unos 70 metros, una altura equivalente a un edificio de entre 20 a 23 pisos.
Según las conclusiones del informe de los especialistas del departamento de Medio Ambiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, se descartan cuerpos extraños en el tapón de tierra que cubría a Julen, que fue rescatado el 26 de enero.
La Fiscalía malagueña había solicitado un análisis de las muestras de tierra para descartar la existencia de piedras que hubieran podido causar su muerte así como que hubiese sido enterrado intencionadamente.
Según los investigadores, el niño en la caída libre habría arrastrado materiales de las paredes irregulares del pozo, ya que no estaba encamisado con ningún tubo y también hubo pequeños desprendimientos al intentar ayudar el padre y en las primeras horas del rescate.
Los investigadores han analizado un total de 23 muestras tomadas en la zona que rodeaba el sondeo, de la parte superior, lateral o inferior del punto en el que quedó atrapado Julen, de restos encontrados en la mano y del esófago del menor.
También han sido analizados restos de la cuba empleada para depositar la arena que se aspiró en el sondeo para liberar el tapón de tierra bajo el que quedó el pequeño.
El resultado es concluyente, ya que de las 23 muestras, 22 contienen restos minerales compatibles con los materiales geológicos de la zona, por lo que el informe señala que "las muestras no presentan diferencias significativas a sus propiedades físicas (color y granulometría), químicas y mineralógicas".
Sólo una muestra, la extraída de la cuba del camión, difiere del resto pero, en el informe la Guardia Civil lo atribuye a materiales depositados anteriormente en el vehículo.
La Fiscalía malagueña solicitó la semana pasada tres años de prisión para el dueño del terreno de Totalán, David Serrano, así como que indemnice a los padres del menor por la muerte de su hijo y a la Junta de Andalucía por el valor de los daños y perjuicios causados que se determinen en ejecución de sentencia.
En el escrito acusatorio, el ministerio público afirma que el acusado "era el único conocedor de la presencia del pozo" y "a sabiendas de todo ello y de la falta de protección suficiente y adecuada, no adoptó medida alguna para evitar cualquier posible resultado lesivo, poniendo en peligro la vida de los dos menores: su propia hija y Julen, que finalmente cayó por él".
