Decenas de miembros de varias asociaciones de afectados por el robo de bebés de distintas partes de España como Aragón, Cádiz y Murcia y algunos otros particulares han acudido en apoyo a Inés Madrigal, víctima en la que hoy han visto personalizada su lucha: "Estamos con Inés a muerte", es el mensaje que ha transmitido Mari Cruz para ella.
La concentración se ha reunido en la puerta de la Audiencia esta mañana con decenas de pancartas en las que se podía leer "derechos humanos para bebés robados" o "Justicia" y han esperado el comienzo de la vista con cánticos como "robo en la cuna", "queremos justicia" o "Vela, cabrón, tu no eres Dios".
El doctor Eduardo Vela, exdirector de la clínica San Ramón de Madrid, ha sido juzgado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid por un caso de bebés robados de 1969. Este ha sido el primer juicio por este caso que llega a juzgarse.
El ginecólogo jubilado, de 84 años, se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel por participar en aquella época en el robo de un recién nacido para dárselo a un matrimonio de forma ilegal. Vela había intentado suspender su declaración por su supuesta incapacidad por su estado de salud y su avanzada edad de 85 años. Pero finalmente el forense ha determinado que sí lo puede hacer, según fuentes jurídicas.
Se trata de la primera causa sobre bebés robados que llega a juicio en España y de la primera persona que será juzgada como uno de los responsables de este presunto entramado. En este caso, la recién nacida robada era Inés Madrigal, presidenta de la organización SOS Bebés Robados de Murcia.
A lo largo de la instrucción, la defensa del sanitario pidió archivar el caso al estimar que los delitos están prescritos. Sin embargo, el juez rechazó su pretensión, al igual que la Audiencia Provincial de Madrid al confirmar la apertura de juicio oral.
En el escrito de acusación, el fiscal le imputa tres delitos: sustracción de menor de siete años, por el que solicita ocho años, así como los de suposición de parto y falsedad en documento oficial por los que reclama otros tres años. Además solicita una indemnización de 350.000 a la persona afectada por los daños morales causados.
En su relato, la Fiscalía recuerda que entre los años 1961 y 1981 el doctor Vela ejerció como ginecólogo en el sanatorio San Ramón donde su cargo "le confería un control total y disposición sobre los partos y nacimientos que allí se producían". Fue en 1969 cuando un sacerdote amigo de Vela le comunicó que un matrimonio (ambos ya fallecidos) deseaba tener un bebé.
El acusado convocó el 5 de junio de 1969 a la pareja a una reunión para comunicarles que le haría entrega de un recién nacido "al margen de la legalidad". Entre los tres acordaron ocultar la identidad real del bebé robado mediante la inscripción en el Registro Civil como hijo biológico de matrimonio.
El médico, además, instó a la pareja a que mientras se resolvía el tema fingiesen un embarazo "colocándose (la mujer) un cojín en el abdomen, debiendo simular en presencia de conocidos y vecinos los síntomas propios a la gestación como las náuseas".
Al final todo ello no fue necesario porque pocas horas después del encuentro Vela tuvo acceso a la entrega de una niña recién nacida. Así que un día después convocó de nuevo a la pareja en su despacho para entregarles, sin el consentimiento de sus padres biológicos, un "regalo" que, en realidad, era una niña de pocos días.
Entre los tres, "y guiados por el ánimo común de ocultar la verdadera identidad de la recién nacida", cumplimentaron el cuestionario que debían enviar al Registro Civil figurando la pareja como los auténticos padres y donde también aparecía la niña "como nacida a las 12 horas del día 4 de junio de 1969".
Fue el propio Vela, con su firma incluida, quien certificó en el parte facultativo su "asistencia personal" al parto pese a que todo ello no contaba con el consentimiento de la madre biológica de la niña. La recién nacida fue inscrita finalmente en el Registro Civil con el nombre de Inés "borrando cualquier rastro que pudiera vincularle a un entorno familiar y social distinto al conformado por el matrimonio". La situación se prolongó hasta el año 2010 cuando, a raíz de la aparición de información sobre el robo de bebés, Inés empezó a sospechar sobre la realidad de sus orígenes.
La madre, al ser requerida por su hija, admitió los hechos y se ofreció a colaborar para que descubriera la identidad de sus padres biológicos. Llegó a entregar una muestra biológica en el "Fichero de Perfiles de ADN de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos" del Ministerio de Justicia sin que hasta la fecha se haya podido averiguar la identidad de sus auténticos progenitores.
