Las hijas de la mujer asesinada en junio de 2015 por su marido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras clavarle primero hasta tres veces una navaja en la espalda y, a continuación, golpearla "varias veces" con la tapa de la cisterna de un inodoro en la cabeza, han lamentado tener que pagar a la Agencia Tributaria.
Este impuesto podría alcanzar los 5.000 euros, tras recibir bienes -la mitad de dos coches que poseía el matrimonio y de la vivienda donde conviven- como indemnización impuesta por el juez a su padre, por la vía de responsabilidad civil, condenado por estos hechos a 21 años y medio de prisión.
"El principal problema que tenemos es que no estamos atravesando una buena situación económica y estamos de deudas hasta arriba", reconoce una de las hijas en una entrevista a Antena 3 Noticias.
La Audiencia de Sevilla en abril de 2017 condenó a este hombre a esta pena de prisión por un delito de asesinato y por otro de maltrato habitual, a la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de sus dos hijas durante 33 años y la privación del derecho de residir en Alcalá de Guadaíra o acudir a dicha localidad durante otros 31 años, así como a indemnizar con 100.000 euros a cada una de sus dos hijas por "el elevado daño moral sufrido", pues "no sólo han perdido de forma tan dramática a su madre con todo lo que ello conlleva, sino que también, de alguna manera, han perdido a su padre".
La letrada del despacho de abogados que ejerció la acusación particular, Sandra Márquez, ha precisado que, dada la insuficiencia de recursos del condenado, parte de la indemnización la compensaría con el valor del 50 por ciento de los dos coches y de la vivienda que poseía el matrimonio -la otra mitad la heredaron por parte de su madre fallecida-, valorados estos bienes en unos 60.000 euros, cantidad de la que "Hacienda le reclama el ocho por ciento, alrededor de unos 5.000 euros".
Al respecto, la letrada ha dejado claro que "si el condenado pudiera pagar esta indemnización en metálico estaría exenta de impuestos pero al pagarla con el valor de estos bienes, las hijas de la víctimas tendrán que hacer frente a este pago".
Con el fin de evitarlo, teniendo en cuenta que su situación económica no es muy favorable -una de ellas percibe un subsidio en cuantía de 430 euros al mes y la otra tiene un contrato a media jornada de ayuda a domicilio y su salario es de 400 euros mensuales- Márquez ha presentado distintos escritos a las administraciones a nivel regional y estatal.
