La Comisión de Educación del Congreso ha aprobado hoy su dictamen a la Lomloe o ley Celaá, que incorpora cambios al texto original a través de enmiendas sobre el castellano o los centros concertados.
La nueva ley de educación
La Ley Celaá ha mostrado las discrepancias entre los partidos de izquierdas y derechas. El texto deberá pasar el trámite el próximo jueves en el Congreso y allí podrán sufrir cambios porque se mantienen algunas enmiendas "vivas". El texto ha salido adelante con los votos en contra de PP, Ciudadanos, Vox y UPN.
La mayoría de los partidos defienden la ley Celaá porque con ella se deroga la Lomce o también conocida como ley Wert. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox han comunicado que llevar´ an esta ley al Constitucional por dejar a un lado el castellano y atacar la libertad de las familias en elegir un centro concertado.
La ley Celaá deberá pasar antes por el Senado pero sus impulsores esperan que se admitida antes de la próxima primavera. Si se acaba aprobando sería la octava ley educativa de la democracia.
Las claves de la ley Celaá
El castellano deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. En aquellas comunidades autónomas con más de una lengua oficial, el alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación del área Lengua Propia y Literatura.
Sobre la religión la ley Celaá elimina la obligación de cursar una materia alternativa y la nota no contará para procesos de acceso universitario o a becas. Se estudiará la asignatura de valores cívicos y éticos en Primaria y Secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad.
Los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria.
Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género. En un plazo de diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.
Cuando no existan plazas suficientes, la admisión en un centro se regirá por los criterios prioritarios de hermanos matriculados, proximidad y renta. Después, se tendrá en cuenta el ser familia numerosa u otras circunstancias.
Se elimina la "demanda social" para abrir nuevos centros o aumentar plazas. No podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones.
Otros detalles son el aumento progresivo de puestos escolares en la red pública. Fomentar la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde Primaria. Los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España. Deberá plantearse desde una perspectiva de género.
Igualdad de género que se impulsará mediante el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y promoverán la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres.
La ley Celaá también pretende fortalecer las capacidades afectivas del alumno en sus relaciones con el planeta. El Bachillerato se podrá hacer en tres años y también se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la obtención del título por el alumno que haya superado las materias salvo una.
