Liberan en Valladolid a 12 mujeres obligadas a prostituirse hacinadas en un cuarto de calderas

Hacinadas en un cuarto de calderas, obligadas a estar disponibles las 24 horas y vigiladas con cámaras y micrófonos para que no tuvieran oportunidad de pedir ayuda de rescate al mundo exterior. Así vivían las 12 mujeres paraguayas (una más fue rescatada en Madrid) que elCuerpo Nacional de Policía liberó en Valladolid a finales de noviembre en la explotación de la denominada Operación Tentaciones.

Un golpe asestado tras 14 meses de investigación de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y y Falsedades Documentales (UCRIF), tanto la sede de Madrid como del grupo de Valladolid, cuyos agentes se toparon con escenas de subsistencia infrahumanas por parte de las doce víctimas. Estaban en un antiguo hostal de la avenida de Burgos de Valladolid. Como botón de muestra de que eran consideradas como merca mercancía, la vivienda dispone de diez habitaciones, pero los proxenetas decidieron que debían estar recluidas en un cuarto de calderas con seis literas.

El golpe policial culminó favorablemente gracias al olfato y al oficio de los funcionarios de la UCRIF, ya que iniciaron la caza de los cinco responsables sin una denuncia previa. Solo a base de la corazonada de que las mujeres, todas ellas de edades entre 23 y 27 años, no estaban ejerciendo la prostitución de forma libre, sino sometidas a condiciones explotación y control férreo por los cinco compatriotas: Lorenza C.P, la principal cabecilla; Mirta G.C., María Ángeles P., Javier R.A. y Hugo J.A. Los cuatro primeros ingresaron en prisión tras declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid y el último fue puesto en libertad con cargos.

La trascendencia de la operación se demostró en el despliegue de la rueda de prensa. La propia delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, presidió el acto ante los medios en el que también participó el comisario jefe de la UCRIF Central de Madrid, José Nieto Barroso.

Barcones no ahorró adjetivos y calificó directamente de "esclavitud" el régimen de vida de las mujeres liberadas, que ya están bajo atención de ONG.

El comisario Nieto, por su parte, elogió el celo profesional de los investigadores capaz de derribar el muro del miedo y de silencio (por coacción) de las víctimas y recordó que los detenidos y otros que quieran lucrarse con este delito se enfrentan durísimas penas de prisión. Solo por el delito de trata de seres humanos con fines de explotación la condena se mueve en una horquilla de 5 a 8 años de cárcel por cada víctima. En este caso son 13 la mujeres explotadas.

3.000 euros de deuda

Tras ser captadas en Paraguay entre familiares de los detenidos las mujeres llegaban a España engañadas con falsos contratos de trabajo de limpieza. Por el precio del avión y la manutención, pisaban el territorio nacional con una deuda de entre 3.000 y 4.000 euros. Durante meses los ingresos de los servicios sexuales se destinaban a pagar la deuda y solo tiempo después podrían tener el 'privilegio' de quedarse con la mitad.

Las víctimas debían estar disponibles las veinticuatro horas del día, por lo que casi ni dormían, ya que los clientes iban habitualmente de madrugada, por lo que las mujeres debían levantarse sin poder negarse a cumplir ningún servicio. También se pudo comprobar que debían pedir permiso a la encargada si querían salir del piso, pero nunca podían alejarse mucho ni estar fuera más de un par de horas. Debían volver rápidamente si algún cliente las solicitaba.

El piso donde llevaban a las víctimas estaba vigilado con cámaras y micrófonos, que visualizaba en su teléfono móvil la máxima responsable del entramado, controlando todo lo que sucedía en el interior del domicilio e imposibilitando que las víctimas hablaran libremente. Cuando se realizaron las pesquisas en el edificio donde se encontraban las víctimas, pudieron comprobar que dormían hacinadas en el cuarto de la caldera, en seis literas encajadas, a pesar de que el piso había sido un antiguo hostal y tenía una decena de habitaciones.

La investigación ha terminado con la desarticulación de la rama en España de la organización criminal, liberando a 13 víctimas de explotación sexual, 12 en Valladolid y una en Madrid, y la detención de cinco personas, tres mujeres y dos hombres, como presuntos responsables de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración clandestina, delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal,

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