El padre angel, falso sacerdote y presunto vidente se sienta hoy en el banquillo de los acusados por fraude fiscal. Fundó una secta en la comunidad valenciana tras afirmar que se le aparecia la virgen y hasta el diablo, pero lo realmente milagroso parece que fue el enriquecimiento de su patrimonio por las donaciones de sus acólitos.
Asegura ser sacerdote y hablar "en nombre de la Virgen" ha sido juzgado en Valencia por haberse quedado con dinero y propiedades de los seguidores de su congregación, a través de la que realizó numerosas operaciones inmobiliarias eludiendo el pago de 386.139 euros a Hacienda.
El acusado, conocido como "el padre Ángel" entre los miembros de la "Junta de la Esclavitud del Sagrado Corazón de Jesús", ha reconocido que nunca ha declarado una compraventa ni sus rentas personales porque creía que estaba "exento" de las obligaciones tributarias al ser una persona "religiosa".
Entre 1996 y 1998, el acusado compró cinco apartamentos en Gandia que revendió obteniendo beneficios, sin declarar ni la compra ni la venta. También compró dos pisos en Valencia a dos mujeres que pasaron a ingresar en su movimiento religioso como internas y las revendió posteriormente, y además adquirió seis parcelas rústicas de entre 2.000 y 11.000 metros cuadrados.
El dinero para hacer estos pagos los obtuvo a través de préstamos personales que pedían sus "feligreses" a los bancos. "Los fieles pagan ha explicado porque todo es de ellos". Todas estas operaciones, para las que abrió cuentas bancarias en cinco entidades financieras, se hicieron para pagar y "expandir" el convento, y fueron puestas a su nombre porque así lo decidieron sus seguidores, resolución que aceptó "por caridad".
Uno de sus antiguos fieles, que reclama judicialmente una indemnización por el dinero que aportó su madre a la causa, perteneció a la "Junta de la Esclavitud" durante cuatro años y la abandono al percatarse de que "estaba siendo engañado".
"Estábamos convencidos de que los mensajes de la Virgen eran reales, y uno de éstos mensajes era que diéramos dinero para construir una iglesia mayor", ha declarado el denunciante. La acusación particular le imputa los delitos de estafa y apropiación indebida, mientras que el Ministerio Fiscal solicita ocho años de prisión y 2,3 millones de euros de multa por dos delitos contra la Hacienda Pública.
