Ecologistas en Acción ha denunciado que diferentes autoridades españolas han permitido "de forma repetitiva" la utilización de pesticidas tóxicos prohibidos y cifra en 38 las autorizaciones otorgadas, solo entre abril y julio de 2018 y 365 entre 2013 y 2017.
La organización ha presentado este jueves el estudio 'Autorizaciones de pesticidas prohibidos', en el que acusa a las autoridades de conceder autorizaciones excepcionales para usar plaguicidas prohibidos antes de que se produjeran plagas y sin aportar datos científicos.
Ante las conclusiones del informe, Ecologistas reclaman a la administración española que evalúe de forma más eficaz y justificada las solicitudes de autorizaciones y que se den solo en caso de emergencia fitosanitaria "real y justificada".
De lo contrario, alerta de que las consecuencias las pagarán la salud y el medio ambiente y se desincetivará la innovación que la propia administración española reclama para buscar alternativas.
En concreto, afirma que entre abril y julio de 2018 se dieron al menos 38 autorizaciones excepcionales para usar diez plaguicidas, que están prohibidos por su elevada toxicidad y otros 15 plaguicidas que efectos disruptores endocrinos, cuyo uso rutinario amenaza la salud humana, animal y el medio ambiente.
La organización asegura que estas autorizaciones de dan de manera irregular, de forma contraria a la normativa, ya que el Reglamento Europeo de Fitosanitarios 1107/2009 del Parlamento y el Consejo Europeo no permite la comercialización de sustancias activas -y los plaguicidas que las contienen- clasificadas como mutágenas, cancerígenas, tóxicas para la reproducción o aquellas que pueden causar daños por su capacidad de alterar el sistema hormonal.
En concreto, añade que "solo en situaciones excepcionales de plagas" en las cosechas se prevé la posibilidad de que las autoridades den autorizaciones de uso también "excepcionales" si se cumplen unas determinadas condiciones: que no existan alternativas al uso de esas sustancias plaguicidas, que la emergencia esté científicamente justificada y que el permiso se conceda para usos concretos, en zonas limitadas y durante un plazo de tiempo no superior a 120 días.
En total, entre 2013 y 2017, se dieron 365 autorizaciones excepcionales, el triple que los años anteriores y entre abril y julio de 2018 se otorgaron otras 38 para usar plaguicidas en concentraciones superiores o en usos diferentes a los autorizados.
El informe de Ecologistas investiga los casos concretos de dos plaguicidas prohibidos por su alta toxicidad, el 1,3 dicloropropeno y la cloropicrina. En ambos casos, concluye que las autorizaciones se repiten año tras año, con anterioridad a la época de plagas, sin justificar la existencia de una plaga y con la única base que la de no tener sustitutos eficaces.
