Madrid aprueba una ley por una muerte digna con el menor sufrimiento

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves por unanimidad la Proposición de Ley de derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida, que reconoce el derecho a recibir cuidados paliativos integrales, que incluyen el tratamiento del dolor y la sedación paliativa, y a elegir recibirlos en el propio domicilio.

Asimismo, según la Proposición de Ley, los centros e instituciones sanitarias garantizarán a los pacientes en situación terminal, que deban ser atendidos en régimen de hospitalización, una habitación individual durante su estancia, y que podrán estar acompañados permanentemente por una persona familiar o allegada.

Igualmente, todos los centros sanitarios o instituciones dispondrán o, en su caso, estarán vinculados a un Comité de Etica Asistencial, con funciones de asesoramiento en los casos de decisiones clínicas que planteen conflictos éticos.

Así, en los casos de discrepancia entre los profesionales sanitarios y los pacientes o entre estos y las instituciones sanitarias en relación con la atención sanitaria prestada en el proceso de morir que no se hayan podido resolver mediante acuerdo entre las partes, se podrá solicitar a petición de cualquiera de estas asesoramiento al Comité de Etica Asistencial.

Se reconoce también el derecho de los pacientes a la información asistencial, a la toma de decisiones y a formular instrucciones previas, que podrán realizarse en todos los centros sanitarios, tanto públicos como privados.

En palabras del diputado socialista José Manuel Freire, se trata de "una ley que hará que en esta Comunidad el fin de nuestra vida sea atendido por el sistema sanitario no con menor mimo que hoy atiende al nacimiento de nuestros hijos y nietos".

El diputado socialista, impulsor de la iniciativa, que ha sido tramitada y aprobada previamente en la Comisión de Sanidad, ha destacado que Madrid es la octava comunidad que aprueba una ley de esta naturaleza, después de que Andalucía fuera la primera en 2010. Freire ha destacado el reconocimiento del derecho a la sedación paliativa. "El derecho a la sedación paliativa está puesto explícitamente en esta norma precisamente por lo que significa, por lo que nos ha costado llegar hasta aquí, no hay un derecho, por ejemplo, a prótesis de cadera, pero va en la buena práctica médica".

Tras agradecer la presencia de los representantes de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, presidida por el doctor Luis Montes, ha recordado que "hace 11 años de aquella triste historia". "Posiblemente hoy no estaríamos aquí con esta ley de no ser por aquellos que sufrieron la persecución por lo que hoy hacemos ley", ha agregado.

"No vale con aprobar una ley por unanimidad, hay luego que tener unanimidad en hacer que esta ley se cumpla, que llegue a buen puerto, y ello implica cuidados paliativos, implica recursos, implica articular todo un sistema de hacer las cosas que efectivamente permita que haya cuidados paliativos", ha agregado Freire, quien ha destacado la importancia de que la sociedad esté informada y los profesionales formados.

La diputada del PP Regina Plañiol ha asegurado que en esta Proposición de Ley "no existe un derecho como tal absoluto a la sedación paliativa", sino que ésta se incluye entre los cuidados paliativos, "pero como un cuidado más, cuando así lo aconsejen las circunstancias específicas de cada paciente".

La asociación Vida Digna considera que esta Ley "abre la puerta a la eutanasia encubierta"

La asociación Vida Digna afirma que la Proposición de Ley aprobada este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid por unanimidad donde se regulan los derechos de las personas en el momento de la muerte "abre la puerta a la eutanasia encubierta".

Desde la asociación, advierten de que la ley "permitirá retiradas inadecuadas de hidratación o nutrición, cuidados básicos ordinarios no definidos como tales en el texto legal recientemente aprobado, amparadas en un entendido supuesto 'derecho a la toma de decisiones', abriendo la puerta a prácticas eutanásicas encubiertas". Asimismo, consideran que "no concilia la defensa y garantía de la autonomía -mediante las preferencias del paciente- con la lex artis o buena práctica, exigible a todo médico".

En este sentido, afirman que "presiona a los médicos mediante sanción por infracción grave por vulnerar los 'derechos de los pacientes', lo que favorece el abandono de la lex artis al final de la vida". De hecho, aseguran que "obliga a las instituciones sanitarias y socio-sanitarias públicas y privadas a acatar la voluntad del paciente de manera absoluta".

Además, creen que "otorga poder a los profesionales para actuar amparados en la 'seguridad jurídica' del procedimiento legal, al poder incapacitar de hecho a la población más vulnerable, poniéndolos en situación de riesgo de eutanasia encubierta".