Madrid reducirá la velocidad a 30 Km/h en la mayoría de sus viales y regula la circulación de los patinetes eléctricos

Los votos de Ahora Madrid y PSOE han sacado adelante la ordenanza de Movilidad Sostenible, que regula nuevas realidades (como los segway o los patinetes eléctricos) o insuficientemente regulados (vehículos compartidos, aparcamientos públicos), que reduce la velocidad de circulación en la ciudad (en la mayoría de los viales se circulará a 30km/h y a 20 en zonas de plataforma única), pone en el centro la convivencia y la seguridad vial así como la pacificación del tráfico y hace una apuesta por la movilidad sostenible.

PP y Ciudadanos han votado en contra de la ordenanza en un madrugador Pleno extraordinario, al que han llegado vivas 49 enmiendas de las 170 parciales presentadas. "Es un momento importante para el gobierno y para todo el Pleno con esta nueva ordenanza que introduce los cambios producidos por la transformación y la explosión de nuevos modos de movilidad y con nuevas necesidades de movilidad de las ciudades", ha apuntado la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés.

La nueva ordenanza sustituye a la anterior, de 2005 y modificada en los años 2007, 2010, 2012, 2014, 2015 y 2016. Ya la Corporación anterior, presidida por el PP, pretendía modificarla, como se ha hecho con el nuevo texto para adecuarse a los requerimientos de la calidad del aire y a la nueva tecnología de los vehículos, unido a nuevos modos de moverse, como los Vehículos de Movilidad Personal (VMU), otros propulsados por energías limpias, los coches y motos compartidos, la bicicleta eléctrica pública, la apuesta eléctrica de la EMT, con una flota más ecológica del taxi... Y todo ello enmarcado en el Plan A de Calidad del Aire.

También incluye la implantación de Madrid Central, donde la preminencia la tiene el transporte público y dando nuevas posibilidades al peatón. Sabanés tampoco se ha olvidado de la eclosión de nuevos modos de distribución urbana y entrega domiciliaria asociados al comercio electrónico.

"Llegó el momento de abordar una nueva regulación que incorpore estos elementos" poniendo las bases jurídicas de la actuación municipal. La ordenanza, que se empezó a trabajar en febrero de 2017, llegó a recibir 1.057 alegaciones de personas físicas y organizaciones, de las que se aceptaron algo más del 25 por ciento.