SUPLANTACIÓN IDENTIDAD

Un malagueño vive un calvario judicial de más de 7 años tras suplantarle la identidad

La policía de Madrid no recogió las huellas dactilares de la persona que había cometido el delito, acarreando graves perjuicios al afectado

Alerta ante el aumento de estafas de suplantación de identidad a través de llamadas o SMS
En libertad condicional tras ser detenida y metida en el calabozo por un error de suplantación de identidad

Policía NacionalEUROPAPRESS

Todo comienza durante el confinamiento. Jesús no llevaba mascarilla y, durante un control rutinario, la Policía Nacional de Málaga le pide la identificación con objeto de ser sancionado. Pero al comprobar los datos, se dan cuenta que ese nombre tenía un requerimiento por el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid. “Para sorpresa de mi cliente, estaba en búsqueda y captura, se lo llevan detenido y pasa toda la noche en el calabozo. Al día siguiente se encuentra que está acusado de un delito que él no ha cometido”, relata Rosa Segovia, de Chicharro Abogados y representante legal del afectado.

Acusado de una agresión a la salida de una discoteca

Tras pasar la noche en los calabozos fue puesto a disposición judicial donde se le notificó un auto de apertura de juicio oral por la comisión de varios delitos cometidos en Madrid en febrero de 2017. “Estaba acusado de una agresión a la salida de una discoteca en Madrid cuando mi cliente no había estado allí en esa época ni había tenido nada que ver con dichos hechos”, aclara Segovia.

A partir de ese momento, Jesús decide buscarse un abogado y un procurador que se personaron en el procedimiento con la intención de demostrar que había un error en la identificación: “Lo más complejo de todo este procedimiento ha sido demostrar que no eres tú, cuando la propia policía te ha detenido y te ha llevado a comisaria. Luchar contra una identidad falsa es muy complicado”.

Una de las víctimas dijo que el agresor era de "origen magrebí"

La pista clave fue la declaración de una de las víctimas de la agresión que describió al presunto autor de los hechos “como una persona de origen magrebí”. En ese momento, el afectado recordó que había sido víctima de un robo, años atrás, en Ceuta con la documentación incluida: “Tiramos del hilo y descubrimos que el verdadero agresor, que llegó a ser detenido el día de ocurrieron los hechos en Madrid, facilitó a los agentes los datos de mi cliente. Pero no mostró el DNI y la Policía Nacional de Madrid tampoco cotejó los datos con las huellas dactilares. Algo que habría sido fundamental para comprobar que no se trataba de la misma persona”, explica su abogada.

El proceso, de 7 años, le ha provocado daños psicológicos

Todo este proceso se ha prolongado durante más de 7 años. Un calvario judicial que ha provocado en Jesús daños psicológicos de gran calado, con constantes cuadros de ansiedad y actualmente continúa en tratamiento: “Para una persona pasar una noche en el calabozo puede suponer un antes y un después, pero además enfrentarte a una pena de años de prisión sin haber cometido tal delito ocasiona un daño muy importante”, asegura Rosa Segovia, quién reconoce que ha sido muy complicado demostrar que no se trataba de la misma persona.

“Hemos aportado pagos con tarjeta en los días que ocurrieron los hechos fuera de Madrid, incluso contratamos un perito calígrafo para cotejar la letra de mi cliente con la del verdadero agresor ya que, al ser detenido, redactó un texto para solicitar habeas corpus”.

Absuelto porque no se ha podido comprobar

Finalmente, la justicia lo ha absuelto ante la imposibilidad de comprobar que Jesús haya sido el autor real de los hechos por los que estaba imputado. Tras esa sentencia satisfactoria, el despacho de abogados ha solicitado una reclamación patrimonial al Ministerio de Interior por los daños ocasionados y también le ha dado la razón. El Ministerio reconoce que “es indispensable y de obligado cumplimiento” que la Policía Judicial tomara huellas dactilares según el protocolo del Plan Nacional de Identificación de Delitos.

Sin embargo, la indemnización por los daños ocasionados es de 4.300 euros: “Una cantidad que consideramos ridícula si tenemos en cuenta los gastos en tratamiento psicológico, en representación legal, peritos, desplazamientos a Madrid para personase en el procedimiento judicial... Creemos que no es una cuantía proporcional al daño causado y por eso pensamos recurrir”, apostilla Segovia.