Mar Menor
El Mar Menor se convertirá en el primer ecosistema europeo con personalidad jurídica
Una Iniciativa Legislativa Popular reclama personalidad jurídica para el Mar Menor que permitiría apostar por su restauración y conservación tras las denuncias de numerosas entidades ecológicas.
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Más de 639.000 firmas hicieron posible que una reivindicación histórica, como la protección del Mar Menor, llegase al debate parlamentario el pasado mes de marzo. El Congreso de los Diputados daba luz verde con los votos de todos los partidos de la cámara, a excepción de Vox, a una iniciativa que pedía dotar a este ecosistema de personalidad jurídica.
Ahora, seis meses después de la aprobación en la Cámara Baja, el Senado acogerá un debate en el que se prevé que también salga hacia adelante esta Iniciativa Legislativa Popular que superó en más de 100.000 las firmas necesarias, que tal y como establece la Constitución Española no pueden ser menos de 500.000, para lograr que el Congreso abriese un debate sobre la problemática que actualmente sufre el Mar Menor.
La aprobación de esta ILP, que marcaría un antes y un después en la historia de este humedal murciano, permitiría su restauración, tal y como llevan exigiendo numerosas entidades ecológicas desde hace años, y, por tanto, su conservación.
A día de hoy, el Mar Menor se encuentra en una mala situación como consecuencia de la eutrofización (un fenómeno que provoca el nacimiento de vegetación causada por el exceso de nutrientes y minerales vertidos) y de la consecuente pérdida de oxígeno que provoca la muerte de miles de peces y crustáceos que, tal y como explica la 'Fundación Aquae', mueren asfixiados cada día en este enclave histórico.
Dotar de derechos propios a un ecosistema es algo histórico y casi sin precedentes en todo el mundo, al menos en Europa: el río Atrato, en Colombia, y el río Whanganí, en Nueva Zelanda, fueron reconocidos como entidades sujetas a derechos de protección.
En España, esta recogida de firmas, iniciada hace más de dos años, hará que la nueva norma permita a cualquier persona física o jurídica denunciar cualquier tipo de daño contra el ecosistema murciano y, además, que se cree una comisión que supervise su situación.
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