Más de 300 organizaciones denuncian que agencias de la ONU intentan influir en los gobiernos para legalizar los vientres de alquiler

Más de 300 organizaciones de la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres piden al Gobierno español que lidere una campaña y actúe ante Naciones Unidas para frenar el alquiler de vientres y el tráfico de bebés. Denuncian que el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU están tratando de influir en algunos gobiernos y asesorándolos para legalizar la gestación subrogada.

En un comunicado, denuncian que "el alquiler de vientres es una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial". Asimismo, subrayan que "pone en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres y menoscaba el derecho fundamental de las mujeres a la filiación".

Las organizaciones insisten en que "el deseo de ser padre o madre de niños que posean el material genético propio no es un derecho" y recuerdan que "el alquiler de vientres contraviene derechos humanos fundamentales de mujeres, niños y niñas recogidos en convenios y tratados internacionales".

Asimismo, consideran que "la subrogación altruista no existe" y la "industria del alquiler de vientres opera en países en desarrollo utilizando las mismas tácticas criminales que las redes de tráfico y trata de seres humanos".

Por todo ello, demandan "a todos los gobiernos que tomen todas las medidas oportunas para perseguir e impedir el alquiler de vientres a nivel internacional y nacional" y reclaman a los gobiernos que "prioricen la lucha contra la pobreza de las mujeres y la desigualdad de género".