La masificación turística de las islas Cíes desata la polémica

Las islas Cíes, situadas en la ría de Vigo, se han erigido como uno de los destinos más demandados por los millones de visitantes que se acercan a conocer Galicia cada año. Pese a ser Parque Nacional, se han visto afectadas por una masificación turística que ha desatado la polémica.

El archipiélago, compuesto por las islas de Monteagudo, Faro y San Martiño, y los islotes de Boeiro, Penela dos Viños, Carabelos y Ruzo, ofrece servicios como itinerarios guiados, camping u observatorios de aves, y una de sus playas llegó a ser considerada por el periódico británico The Guardian como una de las mejores de Europa. La polémica estalló el pasado fin de semana, cuando unas 2.000 personas vieron frustrada su visita a este paraíso natural, inmerso en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, al superarse el cupo de visitantes permitido de 2.200 turistas y 800 campistas al día.

Todo ello a pesar de haber adquirido previamente un billete a través de las compañías navieras que ofertan la ruta. Los emabarcaderos de localidades como Vigo o Cangas vivieron escenas de tensión después de que la Guardia Civil y la Policía Nacional interviniesen para impedir el desembarco de pasajeros en las islas y restringir las salidas de los barcos en los propios puertos, una situación inaudita.

Una de las navieras, Mar de Ons, expresó ese mismo día su descontento con esta decisión impulsada desde la dirección del Parque Nacional, dependiente de la Xunta de Galicia, y aseguró desconocer "las motivaciones" que pudieron influir en una medida que, según considera, ha perjudicado a viajeros y, en última instancia, la imagen de las Cíes. La Xunta, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente, justificó lo ocurrido apelando a "infracciones" de las empresas navieras en lo que respecta al cumplimiento del cupo de visitantes establecido en 1994, que está gestionado a través de una central de reservas que emite las autorizaciones.

La responsable de este departamento, Ana María Díaz, habló además de reincidencia y explicó que los días 3 y 5 de este mes ya se detectaron "excesos de cupo" en el archipiélago, que derivaron en la apertura de expedientes sancionadores contra cuatro navieras que fueron informadas de los motivos de la denuncia. Díaz aseguró que, ante los constantes incumplimientos, que ya se habían sancionado con anterioridad, el Gobierno gallego actuará "con toda su dureza", y recordó que los denunciados se enfrentan a multas que van desde los 3.000 hasta los 200.000 euros.

La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, fue más allá y precisó que las primeras valoraciones apuntan a que estas compañías incurrieron en una "falsedad documental" de pasajes que incluían el sello del Parque Nacional de las Islas Atlánticas.

Reveló que los servicios jurídicos autonómicos evalúan ahora "si cabe la posibilidad" de elevar a la Fiscalía el conflicto y justificó las medidas adoptadas asegurando que se actuó "única y exclusivamente en cumplimiento de la normativa de protección del medio" y para garantizar "la seguridad" de los visitantes. La sobreventa de billetes por parte de las navieras desató las críticas del sector turístico de la zona, que habla de cancelaciones en las reservas hoteleras, y también de la administración local de Vigo, cuyo alcalde, el socialista Abel Caballero, ha censurado la actuación de las empresas y ha acusado la Xunta de "ineficiencia" y de "promover el caos" con su gestión.

El regidor aseguró que el Ejecutivo gallego tiene constancia de la sobreventa de billetes "desde hace más de un año" y ha exigido "explicaciones" al presidente Alberto Núñez Feijóo, por una gestión que a su juicio causa "un daño inenarrable" tras haberse impulsado la candidatura de las islas a Patrimonio de la Humanidad. A sus críticas se ha sumado el BNG, que instó a la Fiscalía de Medio Ambiente a analizar de oficio si existe "una responsabilidad de tipo penal" en la gestión de la Xunta; el PSdeG, y también En Marea, que considera que no se actuó "con diligencia", además de asociaciones de comerciantes y hosteleros y colectivos ecologistas. Estos últimos han demandado al Ejecutivo autonómico "más medidas" para controlar la venta de billetes y han reprobado que las denuncias por exceso de cupo se hayan saldado durante años con "sanciones de escasa cuantía" para las compañías navieras, que han rechazado hacer declaraciones sobre la polémica.

La Xunta ya ha puesto en marcha acciones y mantendrá operativos controles para garantizar que no se supere el cupo de visitantes. Ahora, el sector turístico y los colectivos ecologistas demandan una mayor fiscalización de la afluencia de visitantes y abogan por preservar la riqueza natural, mientras la Xunta tramita los expedientes sancionadores incoados y pone en marcha medidas para evitar que la situación se vuelva a repetir.