Cataluña

Los encausados por el Tribunal de Cuentas formalizan los avales del ICF para el pago de 5,4 millones

El Govern recurre al Instituto Catalán de Finanzas para avalar el pago de 5,4 millones por los supuestos gastos indebidos en la promoción exterior del proceso independentista.

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El Tribunal de Cuentas ha ordenado este jueves el embargo de los bienes de los 34 ex altos cargos de la Generalitat para asegurar el pago de los 5,4 millones de fianza. De los 34 acusados, 29 personas se han acogido al aval del Institut Català de Finances (ICF). La treintena de encausados han formalizado ante notario los avales otorgados por el ICF esta misma mañana.

Este Tribunal decidirá en dos días si acepta los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) que han presentado una treintena de ex altos cargos del Govern mientras investiga si promocionaron el procés en el extranjero con dinero público.

Aunque el plazo inicial para liquidar las fianzas expiraba el miércoles 21, el organismo ha acordado conceder un plazo improrrogable de dos días después de que 29 de los encausados, según fuentes de la conselleria de Economía, hayan presentado esta mañana los avales del ICF por vía telemática.

Fuentes del organismo apuntan a que esas comunicaciones son un mero anuncio, por lo que se ha dado un plazo extra para dar tiempo a que la documentación original llegue a su destino.

La demora en la presentación de los avales tiene su origen en la incapacidad del Govern para encontrar a un banco que asumiera los avales que se facilitaran a través del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat. El ejecutivo de Pere Aragonès creó ese fondo hace unas semanas con la idea de que funcionara como un seguro privado y que fuera una entidad financiera quien avalara las fianzas, con un contraval de la Generalitat canalizado a través del ICF.

El decreto mediante el cual se creaba el fondo contemplaba que, en ausencia de una entidad financiera, fuera el ICF quien presentara el aval, con el contraval del fondo, que tiene una dotación inicial de 10 millones.

El Govern recurre al ICF

Este pasado miércoles, el conseller de Economía, Jaume Giró, anunciaba que tendrían que recurrir al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a los 34 exaltos cargos por haber promocionado con dinero público el procés independentista en el extranjero entre 2011 y 2017.

En un primer momento, el propio Giró dijo que renunciaban utilizar el ICF para evitar poner en riesgo a los trabajadores públicos. Sin embargo, el cambio de criterio ha estado motivado porque, según el conseller, en las últimas horas han recibido llamadas de personal del ICF pidiéndole que no renunciara a ello y que utilizara este recurso. "Me han pedido que intentemos utilizar la disposición adicional tal como está prevista en el decreto-ley, y esto es lo que haremos".

La decisión se tomó después de que la Generalitat no encontrara ninguna entidad financiera dispuesta a avalar el fondo.

Ciudadanos estudiará las responsabilidades jurídicas del aval

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, considera "absolutamente lamentable e ilegal" que el Ejecutivo catalán utilice el ICF para cubrir las fianzas. Por ello, desde la formación naranja estudiarán "en qué responsabilidades puede incurrir el director o el presidente del ICF si es capaz de firmar el aval respecto a la responsabilidad contable de los condenados por el procés".

Según el político "es impensable e imposible que la propia Administración autonómica que resulta lesionada por el uso de unos fondos para cometer delitos, pueda avalar el daño que esas personas han cometido contra ella misma".

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