![Tolerancia Cero contra la violencia de género](https://fotografias.antena3.com/clipping/cmsimages01/2018/01/10/08E4B536-FEE8-4B2D-8BF0-E70CD3C03122/64.jpg)
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se van a cumplir 14 meses de su aprobación
Más de un año después del Pacto de Estado contra la Violencia de género sólo se han implantado el 20% de sus medidas
En el decreto ley se devolvieron las competencias en materia de violencia de género a los ayuntamientos; se ampliaron los mecanismos de acreditación de las víctimas y se modificó la ley para que las ayudas que reciben las mujeres sean compatibles con otras. Asimismo, se aprobó que los hijos de víctimas no necesiten el permiso del maltratador o asesino para recibir atención psicológica.
Cuando se van a cumplir 14 meses de la aprobación, por parte del Congreso, del Pacto de Estado contra la Violencia de género aún no se han implantado más del 80% de las 214 medidas que acordaron todos los grupos parlamentarios de la Cámara baja.
En el decreto ley que el Gobierno socialista aprobó en agosto se devolvieron las competencias en materia de violencia de género a los ayuntamientos; se ampliaron los mecanismos de acreditación de las víctimas; se modificó la ley para que las ayudas que reciben las mujeres sean compatibles con otras.
Del mismo modo, se incluyen medidas para que los hijos de víctimas no necesiten el permiso del maltratador o asesino para recibir atención psicológica y se permite a la víctima personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.
Todas ellas son medidas "urgentes" del pacto, tal y como las ha presentado el Gobierno. Sin embargo, el contenido del decreto ley no convenció a la mayoría de partidos que, si bien, apoyaron su convalidación por unanimidad, también pidieron que se tramitara en el Congreso como una proposición de ley para poder incluir en la norma otros puntos del acuerdo.
Así, en las enmiendas que los partidos han presentado, se recogen otras iniciativas como la inclusión como víctimas de violencia machista a las madres de niños asesinados por sus parejas; permitir que las víctimas tengan ayudas y protección desde el momento en que se dicte la sentencia en primera instancia; prohibir a los menores ir a visitar al maltratador a la cárcel.
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