La ministra de Sanidad anuncia que las cuentas bancarias abandonadas se destinarán a la educación de personas con discapacidad

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha aprobado una orden para destinar las "cuentas durmientes", saldos y depósitos abandonados durante más de 20 años a la educación de personas con discapacidad.

Estos depósitos se destinarán al 'Programa Reina Leticia para la Inclusión', dirigido a promover la mejora de las condiciones educativas y profesionales de las personas con discapacidad. En un comunicado, Sanidad ha explicado que este programa será financiado por las "cuentas durmientes", saldos y depósitos abandonados por más de 20 años, que se destinarán a la educación de las personas con discapacidad y a que su inclusión en la sociedad sea "real, plena y efectiva".

La orden firmada por Montserrat recoge, entre otras cuestiones, los requisitos que deben reunir los beneficiarios, el contenido de las convocatorias, las líneas de ayudas diseñadas, así como todos los aspectos necesarios para su tramitación. El objetivo principal de estas ayudas es garantizar la movilidad en el ámbito nacional para hacer efectivo el derecho a la formación en igualdad de oportunidades y para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida y en igualdad de condiciones.

Para que esto se pueda llevar a cabo, el 'Programa Reina Leticia para la Inclusión' promueve una serie de acciones como son el desarrollo de productos de apoyo, la asistencia técnica y personal de apoyo a la formación, el fomento de los estudios universitarios, favoreciendo la movilidad nacional e internacional así como el fomento de una adecuada cualificación para el emprendimiento.

Según Sanidad, este programa supone un especial compromiso de España con lo establecido por la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, donde se reconoce que los estados miembros deben asegurar el acceso a la educación superior, la formación profesional y el aprendizaje sin discriminación y en igualdad.