Violencia machista
La niña de 13 años embarazada y obligada a casarse, será tutelada por el Gobierno de Castilla-La Mancha
La menor que había sido captada a través de redes sociales para casarse forzosamente ha pasado a estar bajo el Sistema de Protección de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
![Un agente de la Guardia Civil Un agente de la Guardia Civil](https://fotografias.antena3.com/clipping/cmsimages01/2024/03/12/AE51D63D-F8FD-49DE-8A30-16F5F08F4FA0/agente-guardia-civil_70.jpg?crop=1920,1080,x0,y0&width=480&height=270&optimize=high&format=webply)
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El pasado 23 de marzo se dio a conocer un caso que impactó a todo el país: una niña menor de 13 años fue rescatada en Moral de Calatrava (Ciudad Real) después de que la Guardia Civil conociera que había sido obligada a casarse y que estuvo embarazada de 12 semanas, aunque abortó. La operación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento a través de la Fiscalía de Menores que una niña de tan solo 13 años había sufrido un aborto voluntario. Esto hizo que las alarmas saltasen y los agentes iniciaran las gestiones para conocer el estado de la menor, localizarla y averiguar que la niña, de nuevo, se encontraba embarazada.
Fuetes de la Consejería de Bienestar Social han confirmado a Europa Press que ahora que la menor pasará a estar dentro del Sistema de Protección de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y que seguirá los cauces de atención, cuidados y protección que le corresponden para proteger su interés.
Posible intercambio de dinero
Como se ha dicho anteriormente, se sabe, gracias a las investigaciones de la Guardia Civil, que la menor había sido captada a través de redes sociales en marzo de 2023 con la finalidad de contraer matrimonio con un varón que residía en la localidad de Ciudad Real. Sin embargo, ahora las fuentes del Cuerpo aseguran que "presuponen" que en este matrimonio forzado hubo un intercambio de dinero entre las familias, pero que al haber sucedido la unión hace un año no han podido constatas que la menor fuese comprada.
Dos embarazos
El principal factor que sirvió para conocer el estado de la joven fue un aviso desde la Fiscalía de Menores de que una niña había sufrido una interrupción voluntaria de un embarazo por una grave malformación del feto. A raíz de este aviso, los agentes comenzaron su investigación que arrojó luz más tarde sobre las condiciones de vida de la niña. La Guardia Civil pudo constatar que la menor había sido forzada a casarse y que ahora, nuevamente, se encuentra embarazada.
El hombre que se había casado con la menor ya está detenido y se le acusa de un delito de trata de seres humanos por el matrimonio forzado y por un delito de agresión sexual. Sin embargo, también se han detenido a los progenitores de la menor y los padres del varón por otro delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso o matrimonio infantil concertado.
Matrimonios forzados en España
Parece una realidad que muchas veces se ignora pero que en España sigue sucediendo, a pesar de los avances, de los derechos de los niños, de la protección a la infancia, etc. Los matrimonios concertados entre jóvenes y mayores de edad son algo que sigue pasando y así lo dejan ver datos como los recogidos por el Ministerio del Interior en 2022 y de los que se hizo eco EFE: desde 2015 (hasta mayo de 2022), se han detectado en España 27 matrimonios forzados. Datos que se han aportado gracias a las investigaciones de cuerpos como la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos y Policía Foral.
Por comunidades, se destaca que la que más casos de esta índoles recoge es Cataluña (con 14 casos) seguida de País Vasco (5) y Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana (con un caso en todas ellas).
Un matrimonio forzado es un tipo de violencia machista que se ejerce cuando se unen dos personas sin que al menos una de ellas, generalmente la mujer o la niña, no otorga su pleno y libre consentimiento, sino que se ve obligada por la presión emocional, psicológica o paternal.
En el Código Penal se contempla la pena a estos casos, en su artículo 172 se castiga de seis meses tres años de prisión o multas de doce a veinticuatro meses. En el caso de la detección de este tipo de sucesos es esencial la actuación de los servicios sociales y educativos.
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