La empresa Nintendo ha reclamado este martes una condena de 23 años de cárcel y el pago de una indemnización de 840.000 euros para un empresario avilesino que vende cartuchos para la consola Nintendo DS en su comercio. En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, la defensa de A.F. se ha amparado en el artículo 20 de la Constitución Española, dado que dichos dispositivos permiten el uso de aplicaciones que una persona haya creado.
"Al garantizar la libertad de expresión se garantiza la programación de software de cualquier dispositivo. No se puede prohibir hacer software para ningún dispositivo. Lo que se ejecuta en una consola es un programa de ordenador y por lo tanto la consola es un ordenador", ha dicho la defensa de A.F.G.
La fiscalía ha rebajado la petición inicial de tres años y medio de cárcel a la mitad al considerar al comerciante autor de un delito continuado contra la propiedad intelectual. Por su parte, la multinacional considera que es responsable de vulnerar la propiedad industrial, defraudar la propiedad intelectual y revelar de secretos.
Una representante legal de Nintendo ha explicado ante el titular de la sala 1 de lo Penal de Avilés, José Luis Niño, que el departamento comercial de Nintendo ha calculado que "por cada cartucho la compañía deja de vender 20 juegos y cada uno cuesta unos 30 euros". "Ha reconocido que sigue comercializando estos dispositivos, así que podríamos estar hablando de un daño económico de millones de euros", ha apuntado.
Según las estimaciones de la compañía el daño económico por cada dispositivo sería de 600 euros, "más de lo que cuesta la consola", según ha recordado la defensa, ejercida por Carlos Sánchez Almeida. Los hechos vistos este martes en Avilés comenzaron en 2009, cuando la aduana retuvo un pedido de A.F.G., procedente de China, de 400 dispositivos. Posteriormente pidió otro millar que tampoco llegó a recibir. A 600 euros por cartucho Nintendo entiende que el comerciante avilesino le habría causado un prejuicio de 340.000 euros.
Su abogado ha recordado que dicha mercancía fue retenida en la aduana, por lo que no se ha podido poner a la venta. Además, el propio acusado ha relatado como desde que comenzara el pleito con Nintendo su comercio se ha visto afectada económicamente. "Eramos 15 trabajadores, ahora somos tres. La empresa daba beneficios y ya no los da", ha asegurado, después de señalar que "Nintendo intenta hacer un circuito cerrado de contenidos y yo lo que intento es competir en el mercado".
El propio acusado ha relatado, a preguntas de su abogado, que "no hay otra forma de insertar una aplicación particular en la consola" que no sea usando el cartucho, que "es un adaptador". Por su parte, el abogado de Nintendo ha afirmado que al usar dicho dispositivo se vulnera la seguridad de la consola, "no aporta otra funcionalidad". Además, ha asegurado que "se ha copiado todo el cartucho para dar sensación de que es de Nintendo y disfrazar de juego real lo que no es".
El abogado de la multinacional, así como el fiscal, han intentado durante sus intervenciones en relacionar estos cartuchos con el uso de juegos pirateados. Sánchez Almeida, por su parte, ha insistido en que son varias las aplicaciones que pueden usarse en la consola portátil (desde proyectos de la Universidad de Salamanca a aplicaciones de despertador), así como la existencia de software libre para trabajar con ella.
